Servicio Penitenciario

La subcomisaria Mariela Acosta, de la Policía de Misiones, contó en una entrevista con El Ángel de la Radio, por FM Monumental 94.9, cómo su provincia acompañó y reconoció a los efectivos que completaron una exigente formación internacional vinculada con Naciones Unidas. Su testimonio permitió establecer un contraste con los dos fueguinos, Javier Gómez y Eduardo Bonaparte, quienes participaron de la misma instancia de capacitación pero no fueron reconocidos. El caso abre interrogantes sobre las políticas de acompañamiento y valoración profesional del Gobierno de Tierra del Fuego, la Policía Provincial y el Servicio Penitenciario.

El suboficial mayor Javier Gómez, de la Policía Provincial, y el sargento Eduardo Bonaparte, del Servicio Penitenciario Provincial, completaron una capacitación internacional vinculada con UNPOL durante agosto en Campo de Mayo, Buenos Aires. Según la información institucional proporcionada, fueron seleccionados entre más de 300 aspirantes de Latinoamérica, de los cuales solamente 30 accedieron a la formación.

El Gobierno de la Provincia llevó adelante el acto conmemorativo por el Día del Servicio Penitenciario de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, oportunidad en la que se reconoció la labor que desempeñan diariamente las mujeres y los hombres que integran la institución, encargados de la custodia, la seguridad, el tratamiento y la reinserción social de las personas privadas de la libertad.

El ministro Jefe de Gabinete de Tierra del Fuego AIAS, Jorge Canals, acompañado del Viceministro de Coordinación de Gabinete, Gonzalo Valenzuela, acordó el incremento salarial para la Policía Provincial y el Servicio Penitenciario. En representación de las fuerzas participaron el Jefe de Policía, Jacinto Rolón, el Subjefe Oscar Barrios Kogan y el Jefe del Servicio Penitenciario, Ariel Ciares.

La enfermera Graciela Flamenco, ex integrante del Servicio Penitenciario de Tierra del Fuego, reclama justicia tras ser removida de sus funciones y ver suspendidos sus haberes luego de denunciar irregularidades internas. A casi un año de la presentación inicial, la causa transita entre distritos judiciales y apelaciones, mientras la familia legal de la damnificada señala contradicciones procesales y falta de respuestas por parte de las autoridades.