informatetdf
La denuncia fue presentada por Graciela Flamenco el 4 de agosto de 2025 ante el Juzgado de Instrucción Nº 3 del Distrito Norte (Río Grande).
Los principales funcionarios mencionados en la investigación son el director provincial del Servicio Penitenciario y un suboficial de apellido Montenegro. También se mencionan autoridades previas como el ex director Dr. José Cánovas.
El abogado de la denunciante, Dr. Andrés Álvarez, siguió el caso. Inicialmente, la Cámara de Apelaciones del Distrito Norte había solicitado que la Fiscalía y el Juzgado revisaran la decisión inicial, lo que derivó en la citación a indagatoria de los funcionarios involucrados. El fiscal del Distrito Norte estableció presuntas calificaciones penales y ordenó audiencias.
Sin embargo, al pasar la causa al Distrito Sur, el juez asignado, Dr. Vidal, emitió un dictamen en el que concluye que “no hay delito”, decisión que motivó la presentación de una apelación ante la Cámara del Distrito Sur en diciembre. A la fecha, la Cámara aún no se pronunció.
El Dr. Álvarez destaca la “contradicción llamativa” entre el planteo del Distrito Norte (que consideró procedente la investigación) y la resolución del Distrito Sur.
Según el letrado, la causa cuenta con las actuaciones y pruebas presentadas desde agosto de 2025 y con el dictamen favorable del Dr. Bramati, mencionado como dictamen del Distrito Norte.
La defensa sostiene que la suspensión de haberes de la agente fue arbitraria y contraria a la normativa vigente, invocando la obligación del Estado y de los superiores de respetar el derecho de defensa y de tramitar sumarios internos cuando corresponda.
Álvarez denuncia prácticas de trato desigual: pone el ejemplo de personal penitenciario condenado que, según la investigación del equipo, continuaría percibiendo haberes y manteniendo vínculos administrativos mientras que su clienta fue apartada.
El abogado indica que, de comprobarse la responsabilidad de los funcionarios, corresponderían medidas administrativas (como pase a disponibilidad o sumarios internos) y eventuales acciones penales. Sin embargo, remarca que primero debe determinarse si en el Distrito Sur existe delito.
También quedó abierta la posibilidad de acciones civiles por daños y perjuicios, condicionadas al avance y cierre de la causa penal.
El cambio de distrito procesal y las decisiones divergentes entre magistrados han llevado al caso a una situación de “foco cero”, según el propio abogado, lo que añade incertidumbre y prolonga el proceso.
La denunciante, sostiene el Dr. Álvarez, no recibió ofertas de acuerdo ni instancias de mediación por parte de los acusados o de la institución; quedó “indefensa” desde el inicio de las actuaciones del ex director Cánovas.
El representante legal advierte que la sucesión de apelaciones y demoras puede buscar “desgastar” a la víctima —una inferencia basada en la secuencia procesal expuesta en la entrevista— y que ello implica costos económicos y emocionales.
El Dr. Andrés Álvarez, dijo: “Hay una contradicción llamativa porque... la Cámara de Apelaciones del Distrito Norte pidió que la Fiscalía y el juzgado analizaran nuevamente lo dispuesto”.
Además, agregó: “En esta causa... se investiga al funcionario público por la actitud que tuvo hacia la señora Graciela Flamenco de suspenderle los haberes.”
“Si un funcionario está siendo investigado, con el simple hecho de estar siendo investigado, tiene que dar su paso al costado...”
El caso de Graciela Flamenco expone, en palabras de su abogado, tensiones entre decisiones administrativas y criterios judiciales, así como posibles irregularidades en el trato institucional. Mientras la causa permanece en un limbo procesal entre el Distrito Norte y el Distrito Sur, la trabajadora espera que la apelación pendiente permita reabrir la investigación y eventualmente esclarecer responsabilidades. La resolución de la Cámara será la clave para definir si el expediente continúa con las imputaciones o si se confirma el criterio de inexistencia del delito.
