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El licenciado Ezequiel Sánchez salió a cuestionar algunos estudios estadísticos que suelen citarse para sostener que las falsas denuncias representan una porción mínima de las causas judiciales. Según planteó, muchos de esos relevamientos presentan limitaciones metodológicas y no reflejan con precisión la cantidad real de casos, ya que numerosas denuncias terminan archivadas, desestimadas o sin una investigación profunda que permita determinar si existió falsedad o no.
Sánchez reclamó mayor rigor en las investigaciones judiciales y advirtió que reducir el debate a porcentajes puede terminar ocultando situaciones que generan graves consecuencias para personas denunciadas injustamente. La discusión se da en medio de una fuerte controversia política y social, donde distintos sectores sostienen posiciones enfrentadas sobre el impacto real de las falsas denuncias y sobre la necesidad de modificar las penas previstas en el Código Penal.
La iniciativa de Losada busca aumentar las sanciones para quienes formulen denuncias falsas, especialmente en causas sensibles. Sin embargo, sus detractores aseguran que el problema no tiene la magnitud que algunos sectores intentan instalar y advierten que un endurecimiento de las penas podría desalentar denuncias legítimas.
En definitiva, detrás de la pelea por las estadísticas aparece una discusión mucho más profunda: si la Justicia está investigando con la seriedad suficiente o si, una vez más, los números terminan siendo utilizados como herramienta política para alimentar una grieta que parece no tener fin.
