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Lapadula reconoció el impacto de las políticas nacionales y de la eliminación de programas educativos, pero sostuvo que eso no exime de responsabilidades a la administración provincial.
“Hace siete años está gobernando Gustavo Melella”, expresó, y señaló al Gobierno fueguino como el principal responsable de la situación educativa por ser quien administra los recursos y conduce el sistema.
También cuestionó la presencia del mandatario durante el proceso de discusión. Según manifestó, el proyecto fue firmado por la vicegobernadora porque Melella se encontraba fuera de la provincia y el Gobernador tampoco estuvo en las tres oportunidades en que la iniciativa fue tratada en sesión.
“Entonces, no sé cuánto le importa”, lanzó.
Para Lapadula, el Ejecutivo busca colocar sobre los legisladores una responsabilidad que comienza en su propia gestión. Sostuvo que resulta más fácil reclamar nuevos recursos al Parlamento que explicar cómo se utilizan los fondos ya presupuestados.
“Lo que vemos es que hay una bolsa rota”, afirmó, al advertir que sumar dinero sin revisar la administración puede reproducir los mismos problemas.
El legislador apoyó su planteo en las cifras del proyecto de Presupuesto 2027, que, según detalló, contempla $538.000 millones para educación, de los cuales $476.000 millones corresponden a salarios.
Además, indicó que la información aportada por el Ministerio de Educación registra 45.302 estudiantes entre todos los niveles. Al relacionar ambas cifras, señaló que la previsión presupuestaria ronda los $11,88 millones anuales por alumno.
Su cuestionamiento apuntó a la distancia entre esos números y las condiciones del sistema: preguntó si ese volumen de recursos se refleja en los edificios escolares y en los salarios docentes.
“Estamos poniendo el carro adelante de los caballos”, sostuvo, y reclamó analizar qué sucede con el presupuesto antes de presentar una nueva recaudación como respuesta suficiente.
En ese sentido, afirmó que los recursos estimados por el proyecto representan menos del 2% del presupuesto educativo previsto para 2027. Consideró que ese aporte no alcanza para resolver los problemas de infraestructura ni recuperar la pérdida salarial denunciada por la docencia.
“No nos mintamos más, no digamos que esto es financiamiento”, cuestionó. Aunque admitió que comparte aspectos de la propuesta, rechazó que se la presente como una solución a la magnitud de la crisis.
Otro de sus reparos estuvo dirigido al gravamen del 3,4% sobre la distribución domiciliaria de gas. Lapadula aseguró que esa carga terminará trasladándose a las facturas y afectará a los vecinos, incluidos los propios trabajadores docentes.
“Eso se va a trasladar y lo vamos a pagar todos”, advirtió, y remarcó que el gas es un servicio esencial en Tierra del Fuego.
También respondió al señalamiento de que quienes rechazan ese punto se ubican del lado de las corporaciones. Sostuvo que su preocupación está en el bolsillo de los usuarios, y cuestionó que la redacción del proyecto garantice efectivamente que el impuesto no llegue a las tarifas.
Respecto del Banco de Tierra del Fuego, diferenció la discusión: planteó que, si la carga no se traslada a sus clientes, impactará sobre las utilidades de una empresa estatal, algo que también debe evaluarse.
Lapadula se mostró dispuesto a avanzar con las herramientas de transparencia y el observatorio previstos en la iniciativa, para controlar la ejecución de los fondos y determinar cómo se administran los recursos educativos.
En paralelo, dejó expresa su defensa del derecho de los trabajadores a reclamar. Aclaró que puede discrepar con determinadas medidas del gremio, pero rechazó restringir el derecho a la protesta o a realizar medidas de fuerza.
“A mí nadie me venga a correr que no me importa la educación pública”, expresó. Su reclamo al Ejecutivo fue concreto: rendir cuentas sobre lo que administra y explicar por qué el presupuesto disponible no se traduce en mejores condiciones para enseñar y aprender.
