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Río Grande, miércoles 4 de noviembre de 2026.- La Asociación de Esposas/os, Pensionadas/os y Familiares de Policías Provinciales de Origen Territorial expresó fuertes cuestionamientos al proyecto de ley que propone declarar la emergencia de la Caja previsional policial de Tierra del Fuego, al considerar que la iniciativa podría otorgar facultades excesivas al Directorio sin establecer mecanismos suficientes de control, transparencia y protección de los derechos adquiridos.
A través de un documento de observaciones, la entidad aclaró que no se opone a la declaración de emergencia y recordó que fueron los propios retirados quienes solicitaron esa medida durante abril, tanto ante la Legislatura provincial como ante el Directorio de la institución.
“Nuestra posición no cuestiona la necesidad de adoptar medidas extraordinarias frente a la situación existente. Lo que cuestionamos es el contenido del proyecto presentado, sus fundamentos, la falta de información objetiva que lo sustenta y las facultades que pretende otorgarse el Directorio”, señalaron.
Una emergencia que ya habría sido declarada
Uno de los principales cuestionamientos apunta a que, según la asociación, el propio Directorio ya había declarado administrativamente una situación de emergencia mediante la Resolución Interna Nº 148.
En consecuencia, los representantes de los retirados consideran indispensable que se explique qué efectos jurídicos adicionales se pretende obtener mediante una nueva declaración legislativa.
“No puede utilizarse una nueva declaración legislativa para otorgar un cheque en blanco ni para convalidar decisiones administrativas previamente adoptadas”, advirtieron.
También cuestionaron que el proyecto contemple un plazo de dos años para resolver la situación financiera sin explicar previamente qué medidas adoptó el actual Directorio desde que asumió sus funciones.
Reclaman explicaciones por los haberes impagos
La asociación sostuvo que determinados retirados de origen territorial llevan aproximadamente 16 meses sin percibir las prestaciones que les corresponden.
En ese contexto, cuestionaron que el proyecto invoque la necesidad de garantizar los beneficios previsionales cuando, según denuncian, esas obligaciones ya se encuentran incumplidas.
“¿A qué garantías se refiere el proyecto? No puede presentarse como objetivo futuro aquello que actualmente no se está cumpliendo”, expresaron.
Los representantes también rechazaron que se atribuya el desequilibrio financiero de la Caja a la incorporación de los policías de origen territorial.
Según explicaron, estos trabajadores efectuaron aportes en los mismos porcentajes que los policías provinciales y, en numerosos casos, durante períodos superiores.
Asimismo, señalaron que actualmente son solamente dos los afiliados de origen territorial, circunstancia que consideran insuficiente para justificar diferencias en el reconocimiento de sus derechos previsionales.
“La cantidad de personas afectadas no determina la existencia o inexistencia de un derecho”, remarcaron.
Cuestionamientos a la historia y al patrimonio de la Caja
Otro de los aspectos planteados por la asociación se relaciona con los antecedentes históricos del sistema previsional.
En particular, mencionaron el Convenio Nación-Provincia de 1994 y el Decreto Provincial Nº 1746/94, que consideran fundamentales para comprender las obligaciones asumidas por Tierra del Fuego respecto de los policías de origen territorial.
También rechazaron que se presente a estos retirados como responsables del desequilibrio financiero.
Según su interpretación, los policías provinciales se incorporaron a una estructura previsional que ya contaba con patrimonio, inmuebles, inversiones y otros activos.
Además, recordaron que después de la creación de la actual Caja, en 2010, se produjeron retiros de policías provinciales con apenas 17 años de aportes, conforme lo permitía la legislación vigente.
Por ese motivo, reclamaron una evaluación histórica integral de los ingresos, egresos, activos y obligaciones del sistema.
Exigen balances e información sobre inversiones
La asociación cuestionó especialmente la falta de información pública suficiente para evaluar la situación económica y financiera de la Caja.
En particular, señaló que permanecen pendientes de publicación los balances correspondientes al ejercicio 2026 y reclamó conocer el destino de los recursos administrados por los distintos Directorios.
Entre la documentación solicitada se encuentran los ingresos y egresos reales, el patrimonio institucional, las inversiones realizadas, sus costos y rendimientos, las obligaciones pendientes, el flujo de fondos y las proyecciones actuariales.
También exigieron conocer qué funcionarios participaron en las decisiones de inversión y cuáles fueron los informes técnicos utilizados para respaldarlas.
“No puede exigirse a la Legislatura que apruebe medidas extraordinarias sin contar previamente con información financiera completa, actualizada y verificable”, sostuvieron.
Advierten sobre posibles restricciones a derechos adquiridos
Uno de los puntos más sensibles del planteo está relacionado con las facultades extraordinarias que el proyecto pretende conferir al Directorio.
La asociación considera que algunas de esas atribuciones podrían afectar derechos previsionales adquiridos y limitar las posibilidades de reclamo de los beneficiarios.
En ese sentido, recordó las obligaciones establecidas en la Ley Provincial Nº 735, particularmente su artículo 69, referido a la equiparación, y mencionó también las Leyes Nº 834, 1155, 1627 y 1628.
Sostuvieron que una declaración de emergencia no puede utilizarse para suspender indefinidamente derechos ni para impedir que los afiliados reclamen el cumplimiento de la normativa vigente.
Responsabilidad política de los legisladores
El documento también incorpora una advertencia dirigida a los integrantes de la Legislatura provincial.
Los representantes de los retirados señalaron que, si se aprueba una ley de emergencia sin escuchar previamente a los afectados, sin contar con información financiera suficiente y otorgando facultades excepcionales al Directorio, los legisladores deberán responder políticamente por las consecuencias.
Asimismo, manifestaron preocupación por la posibilidad de que las atribuciones extraordinarias incidan sobre la elaboración del presupuesto correspondiente a 2027 y terminen trasladando nuevamente los costos de la crisis a los propios beneficiarios.
La entidad reclamó que cualquier norma de emergencia establezca objetivos concretos, plazos definidos, controles legislativos y obligaciones de rendición de cuentas.
“La emergencia puede ser necesaria, el cheque en blanco, no”
Como conclusión, la asociación reiteró que no rechaza la adopción de medidas excepcionales para recuperar la sustentabilidad del sistema previsional policial.
Sin embargo, insistió en que antes de avanzar con la aprobación legislativa deben escucharse formalmente los planteos de los retirados de origen territorial, publicarse los balances pendientes, transparentarse las inversiones y determinarse las responsabilidades por las decisiones adoptadas durante los últimos años.
También reclamó garantías expresas para evitar que una eventual emergencia implique la suspensión o el cercenamiento de derechos adquiridos.
“La emergencia puede ser necesaria. El cheque en blanco, no”, concluyeron.
De esta manera, los retirados policiales trasladaron a la Legislatura un planteo que combina cuestionamientos financieros, jurídicos e históricos, y que coloca en el centro de la discusión la necesidad de resolver la crisis previsional sin trasladar sus consecuencias a quienes reclaman el cumplimiento de sus derechos.
