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La decisión de la Sala Penal del máximo tribunal de justicia otorgó 30 días hábiles a la Fiscalía General del Estado para establecer si existen elementos suficientes que sustenten la acusación por los hechos ocurridos en abril de 2009, cuando un operativo policial en un hotel de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (este) terminó con la muerte de tres ciudadanos extranjeros y la detención de otros dos.
El presidente de la Sala Penal del TSJ, Carlos Ortega, informó a los periodistas que el plazo de 30 días hábiles para esta fase preliminar ya está en curso y que corresponde exclusivamente al Ministerio Público dirigir las investigaciones y emitir una resolución conclusiva.
Ortega precisó que la Fiscalía General ya fue notificada con la resolución judicial, al igual que los representantes que suscribieron la proposición acusatoria. Asimismo, indicó que la Sala Penal dispuso que los tribunales departamentales de justicia de Cochabamba y Chuquisaca gestionen las notificaciones personales a Morales y García Linera en sus respectivos domicilios.
La causa se inició el pasado 9 de octubre, cuando la alianza opositora Libre presentó ante la Fiscalía General una proposición acusatoria contra ambos ex mandatarios por los hechos registrados en el hotel Las Américas, donde el operativo policial fue justificado entonces por las autoridades como una acción contra un presunto grupo irregular armado.
La denuncia atribuye a Morales y García Linera posibles responsabilidades en delitos de asesinato, vejaciones, torturas y privación de libertad, entre otros, relacionados con la intervención policial. Durante el operativo murieron el boliviano-húngaro Eduardo Rózsa Flores, el irlandés Michael Dwyer y el rumano-húngaro Árpád Magyarosi, mientras que otras dos personas fueron detenidas.
Las autoridades sostuvieron que los fallecidos integraban un presunto grupo armado que buscaba desestabilizar al Gobierno de Morales. Morales y García gobernaron Bolivia entre 2006 y 2019.
Por su condición de ex mandatarios, un eventual juicio por hechos presuntamente cometidos durante el ejercicio de sus funciones requiere la autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante una votación de dos tercios.
