Legislador Lechman elevó a la Corte Suprema de Justicia la reforma millonaria que más del 70% de los fueguinos rechaza

La disputa por la reforma de la Constitución provincial se trasladó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Jorge Andrés Lechman presentó un Recurso Extraordinario Federal contra la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego (STJ) que, el pasado 5 de agosto, rechazó su planteo de caducidad de la Ley 1529 —y en subsidio, su inconstitucionalidad— y decidió “reencauzar” el proceso, fijando un nuevo plazo de 210 días para convocar a convencionales.

En su recurso, el legislador denunció que el fallo provincial valida actos contrarios a la Constitución Nacional y quebranta la separación de poderes al otorgar un nuevo término que nunca estuvo previsto en la ley. Para Lechman, la cuestión no es solo jurídica sino también social y política: más del 70% de los fueguinos rechaza la reforma, que implica un gasto millonario e innecesario, mientras la provincia atraviesa una crisis sin clases, sin salud y con fábricas que enfrentan vencimientos que dejarán a miles de metalúrgicos sin trabajo en diciembre. “¿En qué provincia vive esta gente?”, se preguntó, al remarcar que hablar de reforma como si fuera a resolver la vida de los fueguinos es vivir en una realidad paralela.

“La Constitución goza de buena salud. Voy a defenderla como lo hice desde el momento en que juré por ella, porque como legislador tengo la doble obligación de hacerlo. Hay quienes insisten con modificarla, pero lo hacen desde una agenda que corre en paralelo a las verdaderas necesidades de la gente. Este proceso tiene un trasfondo político que busca perpetuar espacios de poder y no resolver los problemas reales de la provincia”, sostuvo Lechman.

El escrito pide que la Corte Suprema revoque la sentencia del STJ con costas, alegando cuestión federal compleja, arbitrariedad, gravedad institucional y reserva legal indelegable en materia de plazos y fechas.

El Recurso Extraordinario Federal se presenta ante el mismo tribunal que dictó la sentencia —en este caso, el STJ, que figura como tribunal de origen—. Ese tribunal hace un control de admisibilidad: si lo concede, eleva el expediente a la Corte Suprema para su tratamiento. Si lo deniega, Lechman podrá ir por vía directa, presentando una queja por denegación del recurso ante la propia Corte. En cualquiera de los escenarios, será el máximo tribunal de la Nación el que defina si la impugnación sigue su curso. Y si la Corte finalmente lo rechaza, quedará firme la decisión del STJ, lo que implica mantener la validez del fallo que rechazó la demanda y extendió el proceso de reforma por otros 210 días.