“Cuando empezó la pandemia, desde el Municipio nos reunimos con el Ministerio de Salud de la provincia para definir las pautas de trabajo. Nuestra responsabilidad es velar por el correcto funcionamiento del cementerio durante la pandemia. Por eso se acordó que todos los casos de COVID-19 fueran a cremación, para evitar sepultura bajo tierra. Salvo algunas excepciones religiosas específicas, en las que el féretro tiene un tratamiento de bóveda, como si fuera un nicho bajo tierra y que son autorizados por la provincia”, explicó Corradi. 

Asimismo, destacó que “más allá de la habilitación comercial que realiza la Municipalidad a la sala velatoria, la fiscalización sanitaria es de la provincia, que son quienes tienen responsabilidad en la materia. Para casos de no COVID19 se pueden sepultar, si es la voluntad de las familias, pero si son casos de COVID19 deben ser cremados, según la disposición de la provincia”. 

De acuerdo a la ordenanza 1322, la firma Ramón Oviedo está habilitada por la Municipalidad para realizar actividad comercial en kayen 131, en una superficie de 162 metros cuadrados en el rubro “salas velatorias/pompas funebres”.

El plano habilitado por el Municipio son dos salas velatorias, una cochera y dos pequeños depósitos para la preparación de los cuerpos. Pero no para un depósito de disposición final.

“Lo que se está viendo es que es casi una morgue lo que está funcionando, y la provincia debería tomar medidas en ese sentido. Es un tema de salud pública, porque son cadáveres. No puede ser tratado como basura, sino como lo que son, los cuerpos de las familias de nuestra ciudad”, expresó Corradi. 

“Si bien está dentro del éjido urbano de la ciudad, las competencias están dadas por leyes provinciales. La ciudad no tiene competencia en ese lugar. Si se abre un consultorio médico o una clínica, no es competencia del Municipio, porque no tiene facultades. Es competencia de fiscalización sanitaria de la provincia”, finalizó Corradi.