
El Gobierno provincial ampliará su presentación ante la Corte Suprema por la intervención del Puerto de Ushuaia
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Así lo confirmó la secretaria de Coordinación Legal, Mariángeles Arroyo, quien explicó que los equipos jurídicos trabajan en nuevas medidas tanto en el ámbito judicial como en el administrativo, a través de la Dirección Provincial de Puertos.
La funcionaria adelantó que la extensión de la intervención será presentada como un hecho nuevo y como un agravante de la situación cuestionada por la Provincia. “Esta resolución nos da más elementos para atacar estos actos administrativos”, afirmó.
Entre los principales cuestionamientos, Arroyo se refirió a los fundamentos utilizados por el Gobierno nacional para justificar la intervención, especialmente los vinculados con las condiciones de infraestructura y el plan de obras anunciado para la terminal portuaria.
Según detalló, de las nueve obras incluidas en la planificación nacional bajo el apartado de trabajos en ejecución, solamente una se encontraría efectivamente en marcha desde septiembre. Las restantes tendrían fechas previstas de realización entre diciembre de 2026 y diciembre de 2028.
La secretaria también sostuvo que varias de las obras anunciadas por la ANPyN ya estaban contempladas en los planes de la Dirección Provincial de Puertos y contaban con expedientes administrativos en trámite. En ese sentido, cuestionó que esos proyectos sean utilizados como argumentos para sostener la intervención y consideró que no representan una modernización integral de la terminal.
Otro de los puntos planteados por la funcionaria fue la situación del personal de la Dirección Provincial de Puertos. Arroyo cuestionó el desplazamiento de trabajadores durante la intervención y señaló que el Gobierno fueguino continúa afrontando el pago de sus salarios.
Asimismo, reclamó información sobre los ingresos generados por la actividad portuaria durante el período de intervención y el destino de esos recursos. Según indicó, la Dirección Provincial de Puertos y otros organismos realizaron pedidos de información que hasta el momento no habrían recibido respuesta.
Con la incorporación de la nueva resolución, la Provincia buscará ampliar sus argumentos ante la Corte Suprema y continuar con las actuaciones administrativas correspondientes.
“La solución definitiva es que el puerto vuelva a la administración provincial”, concluyó Arroyo.




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