
La Corte Suprema ordenó que la causa por la mansión vinculada a la AFA vuelva a Comodoro Py
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De acuerdo con la resolución, el expediente quedará a cargo del Juzgado Federal N.º 3, conducido por el juez Daniel Rafecas. La decisión fue adoptada por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes hicieron lugar al recurso de queja presentado por el fiscal general Mario Alberto Villar.
El representante del Ministerio Público Fiscal había cuestionado que la causa quedara bajo la competencia del juez federal de Campana, Adrián González Charvay. Tras recibir un rechazo de la Cámara Federal de Casación Penal en octubre, recurrió al máximo tribunal, que finalmente resolvió a su favor.
La investigación busca determinar si existió un presunto esquema de lavado de dinero en la adquisición de una propiedad de 105.000 metros cuadrados, valuada en más de 20 millones de dólares. El inmueble figura a nombre de Luciano Pantano, monotributista, y de su madre, Ana Conte, jubilada, quienes son señalados como presuntos testaferros del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino.
En su resolución, la Corte consideró que existen elementos suficientes para vincular territorialmente los hechos con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre ellos, mencionó que la sociedad Real Central SRL, a través de la cual se habría adquirido la propiedad, tiene su sede en territorio porteño y que la escritura de compra fue firmada allí. También señaló que la AFA tenía su sede en la ciudad al momento de los hechos investigados.
Los magistrados sostuvieron que la pesquisa comprende una presunta estructura societaria y financiera destinada a canalizar y administrar activos de origen posiblemente ilícito. En ese sentido, remarcaron que la investigación no se limita a la adquisición de la mansión, sino que abarca un posible entramado de operaciones.
El fallo también cuestionó la resolución de Casación por considerar que no había abordado los planteos de la fiscalía vinculados con la competencia territorial. De esta manera, el expediente volverá a la justicia federal porteña para continuar con la investigación.




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