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El legislador provincial Jorge Lechman, de Somos Fueguinos, presentó durante la quinta sesión ordinaria de la Legislatura de Tierra del Fuego un proyecto que busca fortalecer el financiamiento de la educación, la salud pública y la seguridad sin crear nuevos impuestos.
La iniciativa propone destinar el equivalente al 3% de los recursos provenientes de la coparticipación federal de impuestos y de las regalías que percibe la Provincia a un fondo permanente para atender las necesidades de estas tres áreas.
La presentación se produjo en el marco del debate sobre el proyecto de financiamiento educativo impulsado por el Gobierno provincial, que contempla modificaciones tributarias para obtener recursos adicionales.
Lechman sostuvo que, antes de avanzar con nuevas cargas impositivas, es necesario revisar las prioridades presupuestarias y garantizar una asignación específica de los ingresos provinciales a los servicios esenciales.
“La salud, la educación y la seguridad no son un gasto, son una inversión”, expresó durante su intervención en el recinto legislativo.
De acuerdo con el proyecto, los recursos se destinarían a mejorar las condiciones salariales de docentes, profesionales y trabajadores de la salud pública, así como de los integrantes de las fuerzas de seguridad provinciales.
También se contemplan inversiones para el mantenimiento, la reparación y la ampliación de establecimientos educativos, hospitales, centros de salud y dependencias policiales.
La propuesta incluye, además, la adquisición de medicamentos, insumos, herramientas y equipamiento necesarios para garantizar el funcionamiento de estos servicios.
El mecanismo previsto establece que los fondos sean retenidos de manera diaria y automática, con participación del Banco de Tierra del Fuego, y transferidos a una cuenta especial administrada por el Poder Ejecutivo provincial.
Durante su exposición, Lechman cuestionó la propuesta oficial de financiamiento educativo al considerar que la incorporación de nuevas obligaciones tributarias no resolvería por sí sola las dificultades del sistema.
El legislador argumentó que las necesidades de la educación no se limitan a los salarios docentes, sino que también incluyen el estado de los edificios y las condiciones materiales en las que se desarrolla la actividad escolar.
En ese sentido, advirtió que, sin una solución estructural, los problemas presupuestarios podrían volver a presentarse en el corto o mediano plazo.
Sus declaraciones se enmarcan en el debate legislativo sobre cómo obtener y distribuir los recursos necesarios para sostener los servicios públicos provinciales.
Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es que el 3% destinado al fondo se retendría antes de calcular la masa de recursos que corresponde distribuir entre los municipios.
Este mecanismo podría tener consecuencias sobre los ingresos por coparticipación de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin. Sin embargo, el proyecto no incluye una estimación del impacto económico que tendría la medida sobre las finanzas de las administraciones locales.
Por ese motivo, la propuesta abre un debate sobre la distribución de los recursos entre la Provincia y los municipios, especialmente en un contexto de reclamos por las transferencias de coparticipación.
El proyecto también establece que los fondos tendrán carácter complementario respecto de las partidas presupuestarias habituales y dispone que el Poder Ejecutivo presente informes trimestrales ante la Legislatura.
Estos reportes permitirían realizar un seguimiento del uso de los recursos, las inversiones efectuadas y el cumplimiento de los objetivos previstos.
Asimismo, la iniciativa incorpora criterios de equidad territorial para que las inversiones alcancen a Ushuaia, Río Grande, Tolhuin y las zonas rurales de la provincia.
La propuesta deberá analizarse tanto por su objetivo de fortalecer los servicios esenciales como por el mecanismo elegido para financiarlo y sus posibles efectos sobre la distribución de los recursos públicos.
