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Daniele fundamentó su pedido en la evolución de los indicadores financieros, los antecedentes de crisis económicas en Argentina y distintos acontecimientos registrados en países de la región.
En su pronunciamiento, señaló que el riesgo país había alcanzado los 925 puntos básicos el jueves 5 de noviembre y comparó ese escenario con los valores registrados durante los meses previos a la crisis de 2001.
El exlegislador también cuestionó la gestión económica de Caputo y recordó su participación en el gobierno de Mauricio Macri, particularmente en relación con el endeudamiento y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
En ese contexto, vinculó sus advertencias con la situación bancaria de Paraguay y los antecedentes del corralito argentino, aunque reconoció que se trata de escenarios con características económicas e institucionales diferentes.
El planteo central del comunicado estuvo dirigido a la Justicia. Daniele pidió que se evalúe una medida preventiva sobre el documento de viaje del ministro para garantizar su eventual comparecencia ante las autoridades judiciales si en el futuro se determinaran responsabilidades.
“Por eso, con el fin de preservar a los argentinos, solicito a las autoridades judiciales competentes que evalúen, de manera preventiva, la retención del pasaporte del ministro de Economía, Luis Caputo”, expresó.
Sin embargo, el exsenador no acreditó en el documento difundido que haya presentado una solicitud judicial formal. Además, una eventual restricción para salir del país requiere fundamentos jurídicos concretos y una decisión de la autoridad competente; las críticas a una política económica o la evolución de indicadores financieros no implican por sí mismas que corresponda aplicar esa medida.
En el tramo final de su pronunciamiento, Daniele también se dirigió a los ahorristas y los convocó a mantenerse informados sobre la situación económica y financiera del país.
De esta manera, el exintendente de Ushuaia expresó nuevos cuestionamientos al Gobierno nacional y planteó la necesidad de que la Justicia evalúe medidas preventivas frente a eventuales responsabilidades futuras.
