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El expolicía aeroportuario, que prestó servicios en el aeropuerto de Río Grande, mantiene abiertos dos juicios desde hace cuatro años. El primero, vinculado a suplementos por zona austral y violencia, ya obtuvo fallos favorables en primera y segunda instancia en la justicia federal patagónica y se encuentra en su primera etapa de cumplimiento. La causa más compleja, que tramita en Buenos Aires, apunta a suplementos que se pagaban “en negro” dentro de las Fuerzas Generales de Seguridad y que, al no integrarse al sueldo del retirado, redujeron su haber a un monto calificado como “de hambre”.
Santillán denunció públicamente a tres instituciones responsables de esta situación: la Caja de Jubilaciones y Pensiones de las Fuerzas Federales, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la obra social Unión Personal, a la que acusa de no prestar servicios en casi ningún punto del país. Su reclamo se respalda en las sentencias ya dictadas y en las presentaciones judiciales que continúan en el juzgado federal a cargo de la jueza Candis, en la capital argentina.
A pesar de iniciar la marcha en solitario y sin obligar a otros colegas, su caso se viralizó. En una sola jornada recibió llamadas de respaldo de personal retirado y en actividad de Corrientes, Tucumán, Córdoba y Ezeiza, y confirmó que existen numerosas demandas similares de compañeros de la PSA en Ushuaia y Río Grande, aunque en su estudio jurídico él fue el primero en obtener sentencias favorables en esa ciudad fueguina.
El manifestante padece poliartrosis, hipotiroidismo y sufrió dos ACV, condiciones que le impiden realizar la caminata más de una vez por semana. Financia las costas del juicio pagando los honorarios de su abogado en cuotas, debido a sus limitados ingresos como jubilado. Mientras espera que la causa en Buenos Aires no se siga dilatando, asegura que continuará visibilizando su reclamo “hasta que algún día me escuchen”.
