Vecinos de Ushuaia mantienen acampe y reclaman restitución de kilos de gas tras los recortes del Ejecutivo provincial

Nancy Minolfi, integrante de la mesa de trabajo de la asamblea de vecinos, denuncia falta de respuestas concretas del gobierno, dificultades en la atención administrativa y una estrategia oficial que, según los vecinos, busca dividir a la comunidad.

Según Nancy Minolfi, miembro de la mesa de trabajo, dijo en diálogo con El Angel de la Radio por la 94.9 FM Monumental que "la protesta lleva cuatro días de acampe, con asambleas diarias abiertas a las 18 horas".

Las asambleas funcionan como instancia deliberativa y registran en un cuaderno los reclamos que luego se plantean colectivamente. Minolfi asegura que la problemática afecta a “aproximadamente 3.500 familias” que dependen de gas envasado, tanto en barrios autogestionados como en sectores formales que aún no cuentan con conexión a la red.

La queja central es la disminución de la cantidad de kilos asignados: la normativa actual dejó 400 kilos (antes 450), lo que, en palabras de las vecinas, “no alcanza para calefaccionar mínimamente, cocinar y ducharse”. Además denuncian que la restitución de los 50 kilos previamente retirados no se está concretando: numerosos vecinos han ido a la oficina de la 60 Vivienda (Llegó el Gas) y vuelven sin respuestas favorables, o son remitidos de un área a otra sin una resolución clara.

Minolfi plantea que hay “falta de trabajo de territorio” por parte del Ejecutivo: funcionarios que no conocen la realidad barrial ni los mapas de las redes, decisiones tomadas “a dedo” y ausencia de mecanismos de evaluación social rigurosos. Pone como ejemplo la directora del área Llegó el Gas, Eliana Gómez Actis, a quien acusa de no responder mensajes y de haber presentado un tratamiento “soberbio” en una reunión en Casa de Gobierno. También menciona al secretario de Políticas Territoriales, Matías Machado, cuya intervención puerta a puerta fue desestimada por la asamblea ante la ausencia del gobernador y de la titular del área.

Los vecinos reclaman una solución que incluya a las autoridades de mayor nivel. Señalan la postura alineada del Ejecutivo —con mención al gobernador y a la ministra Gabriela Castillo— y explican que algunos legisladores acordaron “sentarse con la mesa de trabajo” para avanzar en un proyecto de ley que proteja a los usuarios de gas envasado. La asamblea cita como antecedente la sesión de la legislatura del 30 de abril y la acreditación de kilos el 29, fechas clave en la cronología del conflicto.

Minolfi interpreta las comunicaciones oficiales como intentos de “fomentar la división” entre usuarios con y sin subsidio. Denuncia que el Ejecutivo planea presentar un decreto modificado en la legislatura (plazo señalizado para “mañana” en la conversación) y que evita el diálogo con la mesa territorial elegida por asamblea. Frente a ello, la respuesta vecinal ha sido aumentar la organización: asambleas masivas (más de 70 representantes en algunas reuniones), marchas previstas a la legislatura y formalización de reclamos por nota para dejar constancia.

Las vecinas subrayan que en Tierra del Fuego existen múltiples subsidios (luz, combustible, impuestos) y que la reducción o segmentación de apoyos genera confusión y malestar. Además, alertan sobre una “emergencia energética” por la debilidad de la red eléctrica (transformadores que se sobrecargan, cortes de energía recientes) y la imposibilidad de pasar a soluciones 100% eléctricas sin costo adicional para las familias.

“Es un manoseo para la gente que ya fue tres o cuatro veces a la oficina y le dicen que no”, dijo Minolfi al relatar los trámites frustrados.

“No podés subir un calefactor si hace frío y hay mucha gente que no tiene salamandra”, advirtió sobre las insuficiencias de 400 kilos.

“Si el Estado estuviera presente como tiene que estar, esto no hubiera pasado”, concluye al analizar la raíz del conflicto habitacional y energético.

La asamblea anunció la realización de una marcha a la legislatura convocada para las 10 de la mañana este viernes y continúa con la asamblea diaria a las 18 horas. Además, los vecinos promueven que los reclamos se presenten por escrito para dejar registro formal de las negativas recibidas en oficinas públicas.

El conflicto en Ushuaia expone tensiones entre medidas de ajuste administrativo y la vida cotidiana de familias que dependen del gas envasado para calefaccionarse y cocinar. Mientras el gobierno anuncia revisiones y posibles decretos modificatorios, la mesa de trabajo de vecinos reclama participación efectiva en la elaboración de soluciones y respuestas inmediatas para quienes ya están sin gas. La paradoja es que, en una provincia productora de gas, miles de hogares pueden ver empeorada su capacidad de calefacción por cambios normativos que la comunidad considera arbitrarios y descoordinados.