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Una vez finalizada la reunión, la legisladora Liliana Martínez Allende recordó que “teníamos una reunión suspendida desde la semana pasada, que concretamos hoy, teniendo en cuenta que íbamos a invitar a los distintos referentes, como el secretario de Coordinación de políticas para personas con discapacidad Erwin Lomberg, a la subsecretaria de Planeamiento educativo Claudia Castiglioni y a los directores de Medicina del trabajo zona norte y sur”, quienes finalmente no concurrieron.
La referente radical aseguró que “hay mucha demora en la extensión de los certificados de discapacidad, en la ciudad de Río Grande sobre todo, cerca de seis meses para la entrega de turnos y luego la posterior entrega del certificado”.
“Vinieron papás de Río Grande y de Ushuaia, que tienen hijos con Trastorno del Espectro Autista (TEA), que querían hacer algunas consultas respecto al trámite para obtener la pensión o, los que la tienen, plantean que el monto de la pensión no corresponde a lo que es una categoría 10 PAyT del Gobierno de la Provincia”, detalló la Parlamentaria.
Resaltó que “vinieron representantes de la Justicia, de la Defensoría ante el Superior Tribunal, el Defensor Mayor Dr. José María Fernández López y la Dra. María Eugenia Díaz, que se llevaron este requerimiento, especialmente de Río Grande, por la problemática de la atención al público, de qué manera se los atiende, de qué manera se los informa, a veces las personas receptoras de los requerimientos de los papás, no están debidamente informados”, y ello complica la buena prestación del servicio.
Remarcó una vez más la ausencia del Gobierno de la Provincia, en cabeza del Ministro Jefe de Gabinete, que “no permitió que asistieran las personas que tienen que ver con la Secretaría de Discapacidad, que depende directamente de ese Ministerio, también de Educación y Salud. Lamento la ausencia porque estas reuniones son muy ricas en cuanto al provecho que se le saca a cada uno, incluso para ellos mismos, porque de aquí se llevarían tarea para su ministerio o secretaría, para brindar luego mejores servicios a la comunidad”.
“Yo voy a volver a intentar hablar con el ministro Gorbacz sobre esta situación, porque lamentablemente quienes se perjudican aquí son las personas que necesitan una respuesta, para ver si logramos que envíen a algún funcionario, y en ese caso voy a volver a citar a la Comisión”, confirmó.
Por último, la legisladora Liliana Martínez Allende adelantó que a las 16.30 de esta tarde se convocó a una reunión informal de la Comisión, a la cual se invitó a los señores Néstor García y Andrea Lescano, papás de Micaela, en el marco de la discusión parlamentaria sobre la adhesión a la Ley nacional N° 27.499, conocida como Ley Micaela.
Por su parte, Mariana Fernández, coordinadora del Observatorio de discapacidad, también participó del encuentro.
“La idea nuestra es hacernos conocer por la comunidad, para poder elaborar proyectos que sean beneficiosos para las personas con discapacidad”, dijo.
“Nos llevamos una desilusión porque estábamos esperando que vinieran las personas encargadas con las que tenemos ganas de charlar”, aseguraron desde el Observatorio, en referencia a la ausencia de los funcionarios provinciales.
El Observatorio es una organización “de hecho, basada en la agencia nacional de discapacidad, es un foro presencial y está abierto al público, personas o familiares de personas con discapacidad, es un lugar donde nos reunimos, se plantean distintos problemas y tratamos de buscar soluciones y orientar a la gente”, explicaron.
De la reunión participaron además, los legisladores Mónica Urquiza y Cristina Boyadjian (MPF), Marcela Gómez (FPV – PJ) y Pablo Blanco (UCR – Cambiemos); representantes de la comisión de discapacidad de la CTA y del Observatorio de discapacidad y familiares de niños con TEA.
