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La legisladora Miriam Martínez, por su parte explicó en el plenario que la intención de seguir trabajando era para unificar el proyecto del ejecutivo con el presentado por la Unión Cívica Radical, pero que solamente quedó para ser analizado el proyecto del ejecutivo.
Un asunto que, sancionado en el congreso con un amplio acompañamiento, encontró cuestionamientos en distintos sectores y con diferentes intereses.
Por un lado, los legisladores Mónica Urquiza y Pablo Villegas, cuestionando la adhesión total de la norma y aclarando la posibilidad de hacer una adhesión parcial a la misma, ponían en duda la obligatoriedad de las capacitaciones en género que establece la ley.
Por otra parte, el legislador Ricardo Romano del Frente Para la Victoria enumeró, las críticas y en particular la capacitación obligatoria en la temática de género, “por supuesto que estamos en contra de todo tipo de violencia, en especial de la violencia en contra las mujeres, no es ese el tema”.
Romano cuestionó además que la autoridad de aplicación de la misma sea el Instituto Nacional de la Mujer y la obligatoriedad de las capacitaciones.
“No estoy hablando por mí, estoy hablando por miles de empleados públicos que después van a estar obligados a recibir una capacitación en ideología de género sino van a ser sancionados”.
Para finalizar, el legislador dijo: “represento los intereses de un grupo de personas que no están de acuerdo con la ideología de género y menos que se imparta obligatoriamente, considerando también que este mal que se reciban sanciones al negarse a recibir esta instrucción”.
El proyecto deberá continuar en comisión, por lo que habrá que esperar para que la adhesión se concrete en Tierra del Fuego.
