Río Grande propone castraciones obligatorias y multas de hasta 3000 unidades punitorias por maltrato animal

El Ejecutivo Municipal de Río Grande presentó ante el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que establece la castración obligatoria de perros y gatos, eleva las multas por infracciones vinculadas a la tenencia irresponsable y limita la posibilidad de adoptar mascotas para quienes registren tres o más sanciones en los últimos dos años. La iniciativa también contempla nuevas obligaciones para los responsables de animales capturados en la vía pública.
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La iniciativa fue elevada al Cuerpo de Concejales y contempla cambios en las obligaciones de los responsables de animales de compañía, además de un incremento de las sanciones por incumplimientos.

El secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, sostuvo que la propuesta busca consolidar una política pública vinculada al cuidado de las mascotas y la salud pública.

Entre los principales puntos del proyecto se encuentra la obligatoriedad de castrar perros y gatos, con excepción de aquellos casos en los que exista una contraindicación médico-veterinaria debidamente acreditada.

La propuesta establece que los responsables deberán cumplir con esta obligación dentro de un plazo determinado. Quienes recurran a servicios veterinarios particulares tendrán que presentar una certificación profesional que acredite el procedimiento y efectuar el registro correspondiente ante el Municipio.

La medida forma parte de una estrategia de control de natalidad que apunta a reducir los nacimientos de canes y felinos, fomentar la tenencia responsable y contribuir a disminuir la cantidad de animales sueltos en espacios públicos.

Además, el proyecto establece que las personas que acumulen tres o más multas por tenencia irresponsable durante los dos años anteriores no podrán adoptar animales de compañía.

Al referirse a la responsabilidad compartida entre el Estado y la comunidad, Ferro afirmó que una ciudad comprometida con el cuidado de las mascotas requiere tanto inversión municipal como participación ciudadana.

Otro de los ejes centrales de la iniciativa es el endurecimiento de las sanciones económicas por infracciones relacionadas con la tenencia de animales.

El proyecto propone elevar el mínimo de las multas de 300 a 1000 unidades punitorias, con sanciones que podrán alcanzar las 3000 unidades punitorias, según la gravedad de la falta.

Entre las conductas contempladas se encuentran tener perros sueltos, animales mordedores, incumplir la obligación de castración y cometer actos de maltrato animal.

A su vez, la propuesta faculta al Juzgado Municipal de Faltas a eximir del pago de la multa a quienes corrijan la conducta que originó la infracción dentro del plazo establecido.

Como ejemplo, el proyecto contempla que una persona sancionada por no haber castrado a su mascota pueda acceder a la eximición de la multa si acredita la realización del procedimiento dentro de los cinco días previstos.

La iniciativa también incorpora disposiciones para los animales abandonados o capturados en la vía pública. Según el proyecto, serán alojados en dependencias municipales durante un período de 72 horas, durante el cual sus dueños o responsables podrán retirarlos.

Para recuperar al animal, deberán cumplir con las obligaciones de identificación, registro y castración, además de afrontar los gastos generados por su permanencia y mantenimiento en las instalaciones municipales.

Estas disposiciones buscan reforzar la responsabilidad de quienes tienen animales a su cargo y establecer mecanismos de actuación ante situaciones de abandono o incumplimiento.

En paralelo a la presentación del proyecto, el Municipio avanza en la etapa final de la construcción de un nuevo anexo de Servicios Veterinarios en la zona sur de Río Grande, cuya inauguración está prevista próximamente. 

Ferro destacó la importancia de acompañar las inversiones municipales en profesionales veterinarios, servicios gratuitos de castración e infraestructura con un compromiso equivalente por parte de los responsables de mascotas.

De esta manera, el Ejecutivo Municipal busca combinar medidas preventivas, controles y sanciones para fortalecer las políticas de bienestar animal y promover una convivencia responsable en la ciudad.

El proyecto deberá seguir el procedimiento legislativo correspondiente para determinar su eventual aprobación y entrada en vigencia.

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