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El encuentro derivó en una declaración de “estado de alerta” y en la conformación de mesas de trabajo permanentes para coordinar acciones. Entre las principales preocupaciones expuestas, se destacó el impacto sanitario de la falta de calefacción en una de las regiones más frías del país. “Sin gas, no hay vida digna”, resumieron algunos de los participantes, advirtiendo sobre el riesgo que enfrentan especialmente niños y adultos mayores ante la baja de temperaturas.
Los vecinos también cuestionaron lo que consideran una respuesta insuficiente del Estado provincial, señalando demoras y falta de claridad en la implementación de los cambios en el esquema de subsidios. En ese marco, plantearon que la problemática excede lo económico y se vincula con el acceso a derechos básicos.
Como resultado de la asamblea, se resolvió avanzar en un plan de acción que incluye posibles movilizaciones hacia la sede del Gobierno provincial en los próximos días. El objetivo, según indicaron, es visibilizar la situación y exigir medidas urgentes que garanticen el acceso al gas durante el invierno.
El trasfondo del conflicto se da en medio del proceso de revisión del sistema de subsidios que lleva adelante la gestión de Gustavo Melella, que busca segmentar el beneficio y ordenar su distribución. Sin embargo, la aplicación de estos cambios en un contexto de bajas temperaturas genera tensión social y abre interrogantes sobre los tiempos y la implementación.
Mientras el Gobierno sostiene que el objetivo es mejorar la equidad del sistema, en los barrios crece la preocupación por el impacto inmediato de las medidas. La advertencia de los vecinos es concreta: sin una respuesta rápida, el problema energético puede transformarse en una crisis social de mayor escala.
