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Actualmente, la reforma se encuentra judicialmente suspendida debido a una medida cautelar presentada por el propio parlamentario, quien la interpuso ante las irregularidades detectadas en el proceso.
El legislador subrayó que, mientras el 50% de la población fueguina vive en la pobreza y el 12% en la indigencia, el gobierno sigue enfocado en mantener sus privilegios políticos. "En declaraciones públicas escuché hablar al Viceministro en defensa de una reforma y me pregunto: ¿este hombre vive en otra realidad? Dice que la medida cautelar afectó a los vecinos; es sorprendente escucharlo. Estamos hablando de una provincia en la que miles de personas no saben si podrán poner un plato de comida en la mesa mañana. Mientras tanto, la industria textil está en la calle, la industria electrónica en jaque, y el gobierno se dedica a promover una reforma que solo beneficia a unos pocos dirigentes", sentenció.
Lechman apuntó directamente al hecho de que el gobierno insiste en una reforma constitucional que solo busca perpetuar su poder. "Esta reforma no está pensada para mejorar la vida de la gente, sino para habilitar la reelección del gobernador”, afirmó.
El legislador también criticó el alto costo que implicaría realizar elecciones bajo esta reforma. “Si no hubiese sido por la medida cautelar, las elecciones serían este 10 de noviembre, y el gasto hubiera sido de miles de millones de pesos, un gasto innecesario en plena crisis", agregó.
Lechman desmintió los argumentos oficiales que afirman que la reforma es esencial para la modernización del sistema electoral y la supuesta agilización de trámites. Para él, estos puntos no son más que una fachada que esconde las verdaderas intenciones del gobierno. “Ni ellos mismos pueden sostener lo que dicen. Hablan de modernización, pero no solucionan los problemas urgentes de los fueguinos. Esas promesas son solo una pantalla para concentrar más poder", sostuvo.
Según Lechman, el verdadero objetivo detrás de esta reforma es controlar las instituciones, especialmente el Poder Judicial y el Tribunal de Cuentas. “El gobierno lo que realmente pretende es poner y sacar jueces y tribunos a su conveniencia. La Constitución ya prevé mecanismos para remover a quienes no cumplen con sus funciones, pero lo que busca el Ejecutivo es controlar estos cargos y remover a quienes no se alineen con sus intereses”, denunció.
En cuanto a la eliminación de los cargos vitalicios, Lechman fue claro: “No se trata de eliminar privilegios, sino de controlar el Poder Judicial y el Tribunal de Cuentas”. Según el legislador, el gobierno busca jueces que puedan ser removidos fácilmente si no siguen los mandatos del Ejecutivo. "El Tribunal de Cuentas, que tiene la misión de fiscalizar el uso de los fondos públicos, molesta al gobierno porque está haciendo su trabajo. Eso es lo que realmente está en juego",señaló.
Lechman insistió en que la verdadera prioridad debe ser resolver los problemas que afectan diariamente a los fueguinos. “Miles de familias no tienen trabajo ni acceso a servicios básicos, y el gobierno está más preocupado por consolidar sus intereses políticos. Es inaceptable que se desvíen los recursos en una reforma que no responde a las necesidades reales de la provincia”, concluyó.
