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La presentación fue realizada ante la Fiscalía por tres ex empleados de una empresa de seguridad de la que el ex edil era gerente.
Los trabajadores sostienen que esa firma “nunca existió”, pero que Bertotto igual firmó permisos para autorizar la circulación en medio de las restricciones por la pandemia. También dicen que trabajaban “en negro”, en turno de 12 horas y sin francos, “compartiendo barbijos y guantes de látex”.
La presentación judicial fue realizada el pasado jueves 8 ante el fiscal en turno y clasificada con el número 4336, bajo la carátula “Miño José Andrés y otros”, con el patrocinio del abogado Jorge Hernández.
En el escrito se menciona que los tres denunciantes: José Andrés Miño, Facundo Maximiliano Romero y Marcelo Alejandro Garay, se desempeñaban desde 2017 en la empresa Sheriff TDF Sociedad de Responsabilidad Limitada, propiedad de Bertotto, en calidad de “guardias de seguridad”.
Sin embargo, la denuncia indica que el trabajo se desarrollaba “en condiciones totalmente irregulares”, ya que “la empresa Sheriff jamás existió y no se encuentra registrada”.
En ese contexto, agrega que el ex edil “expidió permisos de tránsito durante el tiempo que duraron las restricciones circulatorias, producto de la pandemia de COVID-19”.
Esos permisos para “transitar y ser exhibidos ante las autoridades”, fueron emitidos por Bertotto “en calidad de gerente” siendo que “no tenía facultades para hacerlo, poniendo en riesgo nuestra salud y la de todos los ciudadanos de la ciudad de Ushuaia, lo que se prueba con los certificados apócrifos que se adjuntan”, afirma la presentación.
En efecto, la denuncia incluye tres certificados fechados el 20 de marzo de este año y firmado por el referente de la Coalición Cívica.
“Certifico que el empleado se desempeña como personal de vigilancia en el predio de la empresa Eidico, Fideicomiso Viviendas Ushuaia, del barrio Los Morros (…) Se extiende el presente certificado para ser presentado ante las autoridades gubernamentales, a los fines de permitir su libre circulación para poder asistir a su lugar de trabajo”, se puede leer en los documentos agregados al expediente judicial.
Los denunciantes solicitaron a la Fiscalía que se investigue al ex concejal como probable autor de los delitos previstos en los artículos 205 y 292 del Código Penal.
Mientras que el artículo 292 hace referencia a la presunta falsificación de un documento, el 205 establece que “será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.
Por otra parte, los ex agentes de vigilancia sostienen en la denuncia que a la fecha es “desconocido” el domicilio real del ex edil, ya que “todo indica que ha hecho abandono de la isla”.
Por ello, le piden al fiscal interviniente, y al juez que se haga cargo de la causa, una orden para “averiguar el paradero” del denunciado.
“Compartían barbijos y guantes”
El abogado de los guardias de seguridad, Jorge Hernández, le dijo a El Diario del Fin del Mundo que “el caso tiene dos aristas, uno penal y otro laboral”.
“En la faz penal, lo que pedimos investigar es el otorgamiento de certificados de circulación durante la pandemia en calidad de gerente de una sociedad inexistente. En materia laboral, vamos a demostrar que Bertotto contrataba gente en negro para brindar el servicio de seguridad en obras en construcción. Hacía trabajar a los empleados doce horas diarias todos los días sin francos y sin ningún tipo de aportes sociales o previsionales”, afirmó Hernández.
También dijo que esa situación “bordea el delito de trata de personas con fines de explotación laboral” ya que las personas eran traídas desde el norte del país y sometidas a “condiciones deplorables” como “ser obligados a compartir barbijos y guantes de látex en medio de la pandemia”, aseveró el letrado.
No contesta
EDFM intentó comunicarse en varias oportunidades con el ex concejal Bertotto durante las últimas horas, para obtener su versión sobre el contenido de la denuncia y las pruebas que fueron adjuntadas a la presentación judicial.
Sin embargo, el ex funcionario optó por no contestar ninguna de las requisitorias periodísticas.
