
El Gobierno respondió a los gremios del Garrahan y rechazó las denuncias de desfinanciamiento
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La respuesta oficial se produjo luego de las críticas impulsadas por la Junta Interna de ATE, que tiene previsto realizar un acto frente al hospital a las 13 horas.
En declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas, fuentes del Gobierno rechazaron los cuestionamientos sindicales y sostuvieron que las manifestaciones tienen un trasfondo político vinculado al escenario electoral.
Uno de los principales argumentos del Ejecutivo estuvo relacionado con la política salarial. Según indicaron, durante el último año los haberes del personal del Garrahan registraron un incremento global superior al 80%.
También señalaron que la suba del 61% aplicada en noviembre del año pasado no respondió a medidas de fuerza sindicales, sino al ordenamiento de las cuentas del establecimiento.
Desde el Gobierno afirmaron que ese proceso permitió redireccionar recursos hacia obras, salarios y equipamiento, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales y la atención de los pacientes.
Otro de los puntos planteados por las fuentes oficiales fue la representatividad de ATE dentro del hospital. Según sostuvieron, la organización cuenta con alrededor de 380 afiliados, cifra que representaría menos del 10% de la planta de trabajadores.
En relación con las denuncias sobre una supuesta falta de contrataciones, el Ejecutivo negó que exista un congelamiento de personal y afirmó que el hospital incorpora trabajadores cuando las necesidades de cada área lo requieren.
Respecto de las condiciones edilicias, las fuentes gubernamentales reconocieron que recibieron un establecimiento con dificultades económicas y de infraestructura, aunque defendieron las medidas adoptadas para revertir esa situación.
También rechazaron las advertencias sobre posibles faltantes de insumos médicos y medicamentos, y aseguraron que los pacientes reciben la cobertura necesaria.
De esta manera, el conflicto en el Hospital Garrahan suma un nuevo capítulo, con posiciones contrapuestas entre los sectores gremiales y el Gobierno nacional sobre la situación salarial, las condiciones de trabajo, la infraestructura y los recursos destinados al establecimiento.




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