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Con un discurso que combinó críticas políticas, económicas y jurídicas, el representante del Movimiento Popular Fueguino acusó al mandatario de impulsar la reforma constitucional por “ambición de poder” y aseguró que el proceso constituyente no responde a las necesidades reales de los fueguinos.
“Tomamos la decisión de enterrar de una vez por todas esta aventura a la que nos ha querido llevar el Gobernador tozudamente desde hace años”, sentenció Villegas al cierre de su exposición.
La sesión comenzó con un cruce entre Villegas y el legislador oficialista Federico Greve por la incorporación de los fundamentos del veto a la versión taquigráfica.
El parlamentario del MPF aclaró que esos fundamentos pertenecían al Poder Ejecutivo y no al bloque oficialista. Finalmente, Greve solicitó incorporarlos como propios del bloque FORJA, moción que fue aprobada por mayoría.
“Conducta antojadiza y caprichosa”. Ya en el eje central de su discurso, Villegas estructuró su intervención en tres puntos: las circunstancias políticas que originaron el conflicto, la falta de oportunidad para avanzar con la reforma y una extensa refutación jurídica al veto del Ejecutivo.
“Esta Legislatura se ve obligada a tratar nuevamente todo aquello relacionado al proceso de reforma constitucional por la conducta antojadiza y caprichosa del gobernador de la provincia”, afirmó.
Para el legislador, Melella priorizó “su proyecto personal de querer construir poder político, de mantener poder político, llevando a todo un pueblo a un proceso electoral que no le va a solucionar la vida”.
Villegas recordó que la Ley 1529 fue aprobada en diciembre de 2023 por una Legislatura con otra composición y “sin un debate político y social amplio”. Sostuvo que fue el propio gobernador quien “motivó que aquella Legislatura, sin la participación democrática previa de los actores sociales y políticos de Tierra del Fuego, aprobara sobre tablas esta ley”.
El legislador cuestionó que el oficialismo insista con la reforma en medio de una situación económica y social crítica.
“Tenemos escuelas que no están en condiciones, docentes reclamando salarios, hospitales con servicios resentidos, policías retirados que no cobran haberes compensatorios y una provincia que tiene que pedir adelantos de coparticipación para pagar salarios”, enumeró.
En ese escenario, calificó de inadmisible avanzar con un proceso electoral costoso para elegir convencionales constituyentes: “Vamos a gastar dinero que no tenemos para elegir convencionales que no le van a cambiar la vida a nadie”.
Gran parte de su exposición estuvo dedicada a rebatir los argumentos del veto provincial. Villegas rechazó la interpretación del Ejecutivo que sostiene que la declaración de necesidad de reforma constituye una competencia “preconstituyente de naturaleza excepcional”.
“Ni la Ley 1529 ni la ley de abrogación dejan de ser leyes ordinarias en ejercicio de una función propia de este poder del Estado”, sostuvo.
Para respaldar su postura, repasó debates de la Convención Constituyente de 1991 y citó intervenciones de convencionales que rechazaron excluir el derecho de veto del Ejecutivo sobre la ley de necesidad de reforma.
Según explicó, el hecho de que la Constitución Provincial permita el veto demuestra que la Ley 1529 está sometida al procedimiento legislativo ordinario previsto en los artículos 107 al 113 de la Carta Magna fueguina.
“Si el propio Poder Ejecutivo ejerce una función colegislativa prevista en el artículo 109 de la Constitución Provincial, está reconociendo explícitamente que estamos frente a una ley ordinaria”, argumentó.
También descartó que exista una afectación a derechos políticos de la ciudadanía. “No estamos frente a un proceso electoral consolidado. No tenemos listas oficializadas, no tenemos cronograma electoral, no tenemos convencionales elegidos y mucho menos una convención funcionando”, señaló.
Por eso concluyó que “en el mejor de los casos hay un interés legítimo, pero no derechos subjetivos vulnerados”.
Villegas marcó además una diferencia entre la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio del gobernador.
“La legitimidad de origen que pudo haber tenido el gobernador en 2023 es indiscutible. Pero no es la misma legitimidad de ejercicio que tiene hoy”, manifestó.
Finalmente, defendió la potestad de la Legislatura para abrogar la Ley 1529 al señalar que “la Constitución de Tierra del Fuego no establece manda constitucional alguna que impida a esta Legislatura ejercer la atribución de abrogación de una ley”.
“Tomamos la decisión de decirle al pueblo de la provincia que no estamos en condiciones de gastar millones y millones de pesos en un proceso electoral para elegir constituyentes que no le van a resolver los problemas a nadie”, cerró.
