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El robo ocurrió el 25 de junio de 2026, entre las 16 y las 21.30, en una vivienda ubicada sobre la calle Salta. Según la investigación, los imputados aprovecharon que no había personas en el inmueble, forzaron la puerta de ingreso y la cerradura, ingresaron a la casa y sustrajeron computadoras, teléfonos celulares, joyas y dinero en efectivo. Antes de retirarse, dejaron un importante desorden en el interior de la vivienda.
Ágil investigación policial
La investigación comenzó de inmediato. A partir de las imágenes registradas por las cámaras de seguridad de la vivienda, el personal policial logró identificar a dos personas dentro del inmueble durante el robo.
Esa misma noche, los investigadores compararon esas imágenes con fotografías obtenidas durante un control de identificación realizado horas antes en la vía pública. Las coincidencias en las características físicas permitieron individualizar rápidamente a los sospechosos.
Además, la División Policía Científica levantó rastros de calzado en la escena del hecho, los cuales coincidieron con las zapatillas secuestradas posteriormente durante el procedimiento judicial.
Procesamiento y prisión preventiva
Como resultado de las pruebas reunidas, el 26 de junio el Juzgado de Instrucción N° 1 ordenó el allanamiento de la vivienda de los sospechosos y dispuso sus detenciones.
Posteriormente, el 3 de julio, el juez resolvió procesar a ambos hombres como coautores del delito de robo simple y dictó la prisión preventiva, por lo que continuarán alojados en el Servicio Penitenciario Provincial mientras avanza la causa.
La medida cautelar fue adoptada al considerar que existe un riesgo concreto de entorpecimiento de la investigación, ya que los objetos robados todavía no fueron recuperados. También se valoró la falta de arraigo de los imputados y la cercanía temporal con otros procesos penales en los que se encuentran involucrados, circunstancias que, según la resolución, incrementan el riesgo de fuga.
Además, el magistrado ordenó trabar un embargo sobre los bienes de cada uno de los procesados por una suma superior a los 10 millones de pesos. La medida busca garantizar una eventual reparación económica para la víctima y cubrir las costas del proceso judicial.
