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El camino judicial no fue lineal. Primero, una medida cautelar presentada por Lechman mantuvo paralizada la convocatoria durante casi un año. Luego Rossi sumó su propio planteo. A principios de agosto, el Superior Tribunal de Justicia levantó la cautelar con los votos de Battaini, Sagastume, Cristiano y Muchnik, apartando a Löffler, y habilitó la continuidad del proceso. Esa decisión motivó la apelación extraordinario federal para frenar la iniciativa.
La respuesta del Gobierno no tardó. En un escrito firmado por Antonio César Petkos, Emiliano Víctor Fossatto, Mariángeles Arroyo y Ezequiel Cassagne, la Provincia defendió la validez de la sentencia y negó cualquier irregularidad. Sostuvo que no hubo arbitrariedad, que el decreto de convocatoria se dictó dentro del plazo legal —día 209 de los 210 previstos—, que la demora en la publicación obedeció a cortes de energía y caída de sistemas administrativos, y que el tribunal no inventó plazos nuevos, sino que reencauzó el proceso tras levantar una cautelar previa.
Paulino Rossi
El Gobierno busca blindar la reforma y sostener que todo se resolvió dentro de la provincia. Pero la definición está ahora en manos del Superior Tribunal de Justicia, que deberá decidir si concede el recurso extraordinario federal. Si lo hace, la causa podría llegar a la Corte Suprema; si lo rechaza, Lechman y Rossi aún tienen la posibilidad de recurrir por la vía de la queja.
Más allá del aparato legal desplegado, el trasfondo resulta evidente: una reforma que costará miles de millones en una provincia donde la mitad de sus habitantes vive bajo la línea de pobreza. La discusión ya no pasa sólo por los tribunales, sino por la pregunta que se hacen muchos fueguinos: si la prioridad debe ser modificar la Constitución o atender la urgencia social que crece día a día en las calles.
