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La semana pasada, la investigación avanzó con el embargo preventivo de más de $105 millones en comisiones que Martínez Sosa debía recibir. El juez federal Julián Ercolini tomó esta medida para asegurar que los fondos vinculados a las maniobras investigadas no sean utilizados antes de que se aclaren los hechos. Las sospechas giran en torno a que Martínez Sosa habría aprovechado su relación cercana con la administración de Fernández para obtener contratos altamente lucrativos a través de Nación Seguros, lo cual está siendo revisado minuciosamente.
Recordemos que, en 2020, el gobernador Melella decidió no renovar el contrato con el Banco Provincia de Tierra del Fuego, que había gestionado los seguros provinciales durante 16 años, y transfirió esa responsabilidad a la Oficina Provincial de Contrataciones. Poco después, el broker Martínez Sosa fue contratado para realizar las mismas funciones. Este acuerdo lo colocó a cargo de la gestión de seguros de organismos clave, como la Policía Provincial, la Agencia Recaudadora Fueguina y la obra social provincial, entre otros.
No obstante, la relación entre Melella y Martínez Sosa es compleja. Cuando Melella era intendente de Río Grande, despidió a Martínez Sosa debido a un mal desempeño en la gestión de seguros, alegando que el servicio no cumplía con las expectativas en la cobertura de accidentes laborales. Sin embargo, al llegar a la gobernación, Melella lo recontrató, justificando su decisión al afirmar que no encontró un mejor asesor para esa tarea.
La denuncia de Jorge Pintos, que está siendo investigada en el Juzgado de Instrucción N°2 del Distrito Judicial Sur, a cargo de la jueza María Cristina Barrionuevo, busca esclarecer las posibles irregularidades en la extensión del convenio con Martínez Sosa. El Tribunal de Cuentas ya había intervenido en su momento para evaluar el acuerdo, señalando que no había erogaciones directas para el Estado. A pesar de ello, la denuncia plantea dudas sobre la transparencia del acuerdo, cuestionando por qué el gobierno provincial firmó un contrato que no representaba un costo directo, pero que otorgaba a Martínez Sosa el control sobre los seguros de todos los organismos públicos.
