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Entre los objetivos más importantes, busca recibir medicamentos en buen estado para ser expedidos sin cargo, para vecinos y vecinas de la ciudad con o sin cobertura médica y que se encuentren en estado de vulnerabilidad social o económica, con una prescripción médica.
El proyecto, que es de autoría de la concejala Yesica Garay, tuvo un extenso tratamiento en comisión y en Debate Ciudadano, donde se debatió junto a profesionales farmacéuticos, quienes aportaron sugerencias en la redacción.
Además, la ordenanza aclara que el programa podrá recibir donaciones de laboratorios, droguerías, instituciones médicas y sanitarias, farmacias, centros de salud, profesionales médicos y organizaciones civiles, como así también de diversos planes y programas implementados por el Gobierno nacional.
Su funcionamiento estará bajo la órbita de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos municipal. Esta autoridad de aplicación definirá el espacio que cuente con las condiciones de seguridad sanitarias necesarias para garantizar la adecuada conservación de los medicamentos.
En cuanto a la gestión, los fundamentos de la norma establecen que será administrado por un farmacéutico o farmacéutica designado por concurso, quien ejercerá su dirección técnica garantizando el cumplimiento de las regulaciones en materia de manipuleo, acopio, registro, transporte y expendio de los medicamentos.
Garay, en sesión, expuso que este proyecto nace “a partir de las nuevas problemáticas y demandas”, y repasó la evolución de los aumentos en materia de medicamentos y el impacto que esto trae a la salud. “Es uno de los sectores más golpeados”, expresó.
Con este proyecto de ordenanza “no sólo estamos dando un marco regulador y normativo, sino que nos lleva a discutir todo el sistema de Salud, porque, además el sector que más perjudicado se ve es el sector público, donde recae todo cuando no puede ser contenida por el sector privado”, puntualizó la autora de la iniciativa.
Por su parte, el concejal Valter Tavarone fundamentó su apoyo remarcando que “el medicamento es un bien social y no es un bien de cambio. El acceso al medicamento debe ser lo más amplio posible. Acompañamos este proyecto porque entendemos que la competencia en materia de salud es concurrente: es nacional, provincial y municipal. Y el último que tiene contacto con los vecinos es el Municipio. Además –valoró Tavarone- con generosidad los autores del proyecto aceptaron introducir las modificaciones que consideramos necesarias para poder acompañar”.
