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El proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, que contempla sanciones más severas contra la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas y sus espacios marítimos circundantes, atraviesa un período de incertidumbre en la Cámara de Diputados. Luego de un inicio acelerado, el debate perdió impulso y todavía no hay certezas sobre cuándo podría llegar al recinto.
El plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, cuya reunión prevista para el martes 20 de octubre fue suspendida, volverá a reunirse el próximo martes a las 16. El objetivo será avanzar en un dictamen, aunque persisten dudas sobre la capacidad del oficialismo para reunir los apoyos necesarios.
Incluso si logra ese paso, son pocas las expectativas de que la iniciativa sea debatida en el recinto el miércoles 28 de octubre. Noviembre también presenta dificultades: la discusión del Presupuesto 2027 ocupará un lugar central en la agenda legislativa y reducirá el margen para tratar otros proyectos.
Desde la oposición sospechan que el cambio de postura del presidente estadounidense, Donald Trump, respecto de la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido pudo haber influido en la desaceleración del debate.
El diputado nacional de Unión por la Patria y ex canciller Jorge Taiana cuestionó la posición de Washington y el alineamiento internacional del Gobierno argentino. “El discurso malvinero del Gobierno se desmorona cuando choca con los intereses de Trump”, sostuvo en la red social X.
Taiana también afirmó que Estados Unidos no respalda el reclamo argentino de soberanía sobre las islas y que mantiene una posición de neutralidad. Sin embargo, la influencia de ese escenario internacional sobre la demora legislativa no está confirmada y convive con otros obstáculos políticos y parlamentarios.
Uno de los principales inconvenientes para avanzar con el dictamen es que La Libertad Avanza todavía no logró resolver las objeciones de sus aliados sobre aspectos sensibles del proyecto. Esas diferencias impidieron cerrar el acuerdo previsto para el 20 de octubre.
A ello se suma la dificultad de organizar las sesiones de noviembre, en un mes atravesado por la discusión del Presupuesto 2027 y por los feriados anunciados en relación con la visita del papa León XIV. Según el cronograma previsto, el oficialismo buscaría dictaminar el Presupuesto el 28 de octubre y debatirlo en el recinto el 18 de noviembre.
Además, las elecciones legislativas de medio término en Estados Unidos, previstas para el 3 de noviembre, podrían incidir en la agenda de algunos diputados oficialistas que, según trascendió, viajarían para presenciar la jornada electoral y respaldar a candidatos republicanos.
La iniciativa propone reemplazar la Ley 26.659 y ampliar las sanciones por la explotación, o la cooperación para la explotación, de recursos naturales sin autorización argentina en las Islas Malvinas y los espacios marítimos e insulares circundantes. Las penas podrían alcanzar los 20 años de prisión y se prevén inhabilitaciones para operar en el país.
El alcance de las prohibiciones dejaría de limitarse a los hidrocarburos e incluiría el aprovechamiento no autorizado de recursos naturales renovables y no renovables. También se crearía un registro público de infractores y se prohibiría al Estado y a particulares contratar con las personas o entidades inscriptas.
Entre sus principales medidas, el proyecto incorpora la posibilidad de realizar juicios en ausencia por los delitos contemplados en la norma y propone crear un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el Presidente e integrado por autoridades de distintas áreas del Gobierno.
Ese organismo tendría a su cargo la coordinación de políticas diplomáticas, económicas, militares, jurídicas, cibernéticas y de inteligencia, además de intervenir en la protección de infraestructuras críticas. Ante amenazas graves e inminentes, podría disponer medidas urgentes, entre ellas restricciones financieras y comerciales, bloqueos temporales de activos y suspensiones de autorizaciones o contrataciones.
La propuesta también contempla protocolos que permitirían, como último recurso y bajo determinadas condiciones, derribar aeronaves o hundir buques considerados hostiles.
Asimismo, incorpora restricciones a los aportes políticos de determinados actores extranjeros y nuevos delitos vinculados con la divulgación de secretos, la colaboración con operaciones clandestinas de inteligencia y la desinformación financiada desde el exterior.
Por último, plantea redefinir las funciones de la Defensa Nacional para habilitar su intervención en la seguridad interna ante amenazas externas estatales y no estatales, e incorporar disposiciones relacionadas con el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
Mientras continúan las negociaciones, el futuro del proyecto dependerá de la posibilidad de superar las diferencias parlamentarias y encontrar un espacio en un calendario legislativo cada vez más ajustado.
