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La Justicia Federal de San Isidro procesó a José Luis Espert en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. La resolución, firmada por el juez federal Lino Mirabelli, también estableció un embargo de $1.000 millones y una prohibición para salir del país.
La causa investiga un pago de USD 200.000 que Espert recibió en 2020 y que estaría vinculado a Federico “Fred” Machado, un empresario detenido en Estados Unidos e investigado por presuntos delitos relacionados con el lavado de dinero y el narcotráfico.
En la misma resolución, el magistrado procesó al contador del exdiputado, Mariano Alejandro Cosentino, a quien consideró partícipe necesario del delito de lavado de dinero. En su caso, dispuso un embargo de $700 millones.
En agosto, Espert había presentado ante la Justicia un descargo de 141 páginas en el que solicitó su sobreseimiento. En ese documento sostuvo que el dinero investigado correspondía a un contrato de asesoramiento para una empresa, firmado ante escribano y apostillado por el Estado argentino.
Sin embargo, la Fiscalía sospecha que el acuerdo habría sido una maniobra simulada para encubrir el origen de los fondos.
A través de una publicación en su cuenta de X, el 19 de agosto, el exlegislador defendió la operación y cuestionó las sospechas en su contra. “El pago llegó a MI cuenta, con MI nombre en la referencia de la transferencia. Un solo giro, entero, de banco a banco. El que lava esconde su nombre. Yo lo puse en cada papel”, expresó.
La decisión judicial se conoció días después de que la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín rechazara dos planteos presentados por Espert para frenar el avance de la investigación.
Por un lado, el tribunal desestimó el pedido para anular las medidas de prueba solicitadas por el fiscal Rodolfo Domínguez. Por otro, rechazó la recusación del funcionario judicial, a quien el exdiputado había cuestionado por una presunta pérdida de objetividad.
El procesamiento representa un avance en la causa, aunque no equivale a una condena: la investigación judicial deberá continuar para determinar las responsabilidades penales correspondientes.
