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La excandidata presidencial ecuatoriana Luisa González quedó bajo prisión preventiva en el marco del caso “Laberinto”, una investigación sobre presuntas irregularidades en el financiamiento político y los gastos de publicidad electoral de la campaña presidencial de 2023.
La Fiscalía General del Estado de Ecuador informó que un juez dispuso la medida contra González y otras dos personas investigadas en la causa. El expediente busca determinar el origen de los recursos utilizados durante la campaña y posibles inconsistencias entre los aportes recibidos y los declarados ante el Consejo Nacional Electoral.
Según el Ministerio Público, la investigación analiza un presunto esquema mediante el cual se habrían canalizado alrededor de 500.000 dólares para financiar publicidad electoral, a través de distintas personas jurídicas. Las sospechas se relacionan con el supuesto delito de lavado de activos y deberán ser evaluadas durante el proceso judicial.
González, abogada de 48 años y referente del movimiento Revolución Ciudadana, fue candidata presidencial en 2023 y 2025. Su detención se produjo en la provincia de Manabí, desde donde fue trasladada al Cuartel Modelo de Guayaquil para las actuaciones judiciales.
Tras conocerse su detención, González publicó un comunicado en la red social X en el que cuestionó las acusaciones y apuntó contra el Gobierno del presidente Daniel Noboa. La dirigente sostuvo que su arresto forma parte de una persecución política y afirmó que responderá a las imputaciones.
En el mismo mensaje, cuestionó la situación económica y de seguridad del país y llamó a la unidad en defensa de la democracia y las libertades.
Integrantes de su equipo también denunciaron que no se había precisado públicamente su ubicación durante parte del procedimiento y cuestionaron las condiciones de acceso de su defensa técnica, al considerar que podrían vulnerarse garantías del debido proceso.
Por su parte, el expresidente Rafael Correa manifestó su respaldo a González y difundió convocatorias a actos de apoyo previstos en España y Nueva York.
La investigación continúa en el ámbito judicial. La prisión preventiva es una medida cautelar y no constituye una condena: la responsabilidad penal de las personas investigadas deberá determinarse conforme avance el proceso.
