Sciurano solicitó saber de dónde sale la plata y adónde va de la Fundación del legislador Pino y senadora Lopez.

El legislador provincial Federico Sciurano (FORJA) presentó cinco proyectos de resolución para obtener información patrimonial, contable, laboral y fiscal de la Fundación Centro Cultural Nueva Argentina, institución vinculada al legislador Juan Carlos Pino (PJ) y a la senadora nacional Cristina López. Los requerimientos alcanzan a distintos organismos provinciales e incluyen los balances de los últimos diez ejercicios, personal contratado, situación fiscal, titularidad del inmueble y posibles convenios, subsidios o aportes provenientes del Estado. Los organismos tendrían diez días hábiles para responder si prosperan los pedidos. 
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Los requerimientos abarcan un amplio abanico: propiedades, balances, ingresos y egresos, empleados, remuneraciones, impuestos, contratos y posibles aportes o convenios celebrados con el Estado provincial.

Uno de los proyectos está dirigido al Registro de la Propiedad Inmueble y busca determinar quién figura como titular del edificio donde funciona la sede del Centro Cultural Nueva Argentina sobre la avenida San Martín de Ushuaia.

El pedido incluye los datos catastrales del inmueble y la existencia de eventuales gravámenes, restricciones, usufructos, comodatos, hipotecas u otros derechos reales que pudieran pesar sobre la propiedad. 

Otro de los requerimientos apunta directamente a la documentación económica de la Fundación.

Sciurano pretende que la Inspección General de Justicia (IGJ) remita los balances, estados contables y documentación respaldatoria correspondientes a los últimos diez ejercicios económicos.

También solicita conocer los ingresos y egresos registrados durante ese período y acceder a documentación relacionada con la administración y explotación del inmueble donde desarrolla sus actividades la entidad. 

Un tercer proyecto apunta al Ministerio de Trabajo y Empleo.

El legislador solicita conocer la nómina completa de personas que prestan servicios en la institución, independientemente de la modalidad contractual utilizada.

El requerimiento contempla fechas de ingreso, funciones desempeñadas, remuneraciones y fuentes de financiamiento.

También busca establecer si existieron programas de empleo, subsidios o aportes estatales destinados a solventar trabajadores vinculados con la Fundación. 

El cuarto pedido está dirigido al Poder Ejecutivo Provincial y apunta específicamente a conocer la existencia de vínculos económicos o jurídicos entre el Gobierno fueguino y la Fundación.

Sciurano solicita la documentación relacionada con convenios, subsidios, aportes económicos, cesiones de uso, comodatos o cualquier otro instrumento jurídico celebrado entre ambas partes. 

El quinto requerimiento involucra a la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF).

En este caso, el pedido busca conocer la situación fiscal de la Fundación y acceder a los contratos de locación celebrados durante los últimos diez años.

Además, se pretende establecer si esos contratos fueron correctamente sellados y si se abonaron los tributos correspondientes. 

Los cinco proyectos fijan un plazo de diez días hábiles para que los organismos alcanzados suministren la información requerida a la Legislatura. 

El Centro Cultural Nueva Argentina posee presencia en Ushuaia y Tolhuin. Su sede de la capital fueguina funciona en San Martín 1052 y fue inaugurada el 5 de diciembre de 2017, impulsada por Pino y López.

Desde entonces, el espacio desarrolla actividades culturales, sociales, educativas y políticas abiertas a la comunidad. Entre sus antecedentes se encuentran también capacitaciones tecnológicas gratuitas desarrolladas con aval de la Universidad Tecnológica Nacional. 

La presentación tampoco se produce en un escenario político neutral entre sus protagonistas.

Sciurano y Pino mantienen diferencias políticas que se remontan a años anteriores, incluso al período en que Sciurano ocupaba la Intendencia de Ushuaia y Pino integraba el Concejo Deliberante. 

Ese antecedente aporta contexto político, aunque los pedidos de informes no constituyen por sí mismos una denuncia ni acreditan la existencia de irregularidades en la Fundación.

Lo concreto es que, si los proyectos avanzan y los organismos entregan la documentación solicitada, la Legislatura podrá acceder a información de una década sobre quiénes financiaron la institución, cuáles fueron sus movimientos contables, qué personal tuvo, qué impuestos abonó, qué relación económica mantuvo con el Estado y cuál es la situación patrimonial del inmueble donde funciona.

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