Denuncian falta de transparencia y favoritismo político en el Concurso para Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes

El concurso público destinado a cubrir la vacante del Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes de Tierra del Fuego quedó envuelto en una controversia luego de que la presidenta de la Fundación Mamá 24, Claudia Vallejos, denunciara presuntas irregularidades en el proceso de selección, falta de transparencia y una marcada presencia de postulantes con vinculaciones políticas entre los candidatos admitidos.
INTERES GENERAL17/06/2026informatetdfinformatetdf
Claudia Vallejos

Vallejos cuestionó en diálogo con El Angel de la Radio por la 94.9 FM Monumental, el desarrollo del concurso impulsado por la Legislatura provincial y aseguró que el procedimiento dejó fuera a numerosos aspirantes con experiencia y trayectoria en materia de niñez por supuestas observaciones administrativas relacionadas con la documentación presentada.

Según explicó, inicialmente se inscribieron 75 personas, pero solamente 25 fueron admitidas para continuar en las siguientes etapas de evaluación.

"Todos tienen alguna vinculación política, ya sea con organismos provinciales, municipales o con el Poder Legislativo", sostuvo Vallejo, quien además afirmó que ella misma presentó toda la documentación requerida tanto en formato papel como digital, pero igualmente apareció en el listado de postulantes no admitidos.

La referente de la Fundación Mamá 24 consideró que el mecanismo aplicado careció de transparencia y cuestionó que los participantes no hayan tenido la posibilidad de corregir o subsanar eventuales errores formales antes de ser excluidos del proceso.

"Quedás como no admitido directamente para seguir los pasos que quedan en el concurso", expresó.

Vallejos apuntó además contra el accionar del cuerpo legislativo y calificó el proceso como una muestra de "politiquería baja, absurda y obscena", sugiriendo que la definición del cargo podría haber estado condicionada por acuerdos políticos previos.

En ese sentido, remarcó que la elección de una figura encargada de velar por los derechos de niñas, niños y adolescentes requiere los más altos estándares de transparencia e independencia.

Durante la entrevista también hizo referencia a publicaciones realizadas por la legisladora Natalia Gracianía, quien habría advertido públicamente sobre presuntas irregularidades vinculadas al concurso. Asimismo, mencionó la conformación de una comisión especial encargada de intervenir en el proceso de selección, aunque señaló no recordar quién la preside actualmente.

Respecto de posibles mecanismos para impugnar las exclusiones, Vallejo indicó que las alternativas son limitadas. Explicó que la presentación de notas solicitando explicaciones serviría principalmente para dejar constancia de las observaciones realizadas, sin que existan herramientas efectivas dentro del procedimiento para revertir la decisión adoptada.

La dirigente también aprovechó la oportunidad para reiterar un reclamo que mantiene desde hace tiempo respecto de la implementación de la Ley Provincial N.º 1229, normativa que garantiza la provisión de leches medicamentosas para niños y niñas que las requieren por razones de salud.

Según denunció, hasta el momento no obtuvo respuestas concretas por parte de organismos estatales sobre los mecanismos que deben seguir las familias para acceder al beneficio contemplado por la ley.

"Aún nadie, ni del Poder Legislativo ni del Ministerio de Salud, ha tenido la amabilidad siquiera de contestarme cuál es el procedimiento que tienen que seguir las familias", manifestó.

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue la situación que atraviesa la Fundación Mamá 24 tras la inhabilitación de sus redes sociales.

Vallejos aseguró que la organización fue objeto de denuncias que derivaron en el bloqueo de sus cuentas, provocando la pérdida de un importante archivo institucional acumulado durante más de una década.

"Hemos perdido información, fotografías, videos y todo el recuento de 13 años de trabajo porque nos han denunciado la cuenta", lamentó.

Pese al perjuicio sufrido, afirmó que la fundación continuará desarrollando sus actividades y mantendrá su rol de seguimiento y control ciudadano sobre las políticas públicas vinculadas a la protección integral de la niñez.

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