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La funcionaria cuestionó la falta de planificación y diálogo institucional en torno a la resolución difundida por el Ejecutivo fueguino, y advirtió que “se tomó una decisión con poca o nula información, sin relevamiento territorial ni georreferenciado y sin contemplar la realidad de las familias”.
En ese sentido, sostuvo que “esto no se trata de una obra que deban afrontar los vecinos, sino de infraestructura básica que requiere presencia y acompañamiento del Estado”, y remarcó que desde el Municipio “no se tomó ninguna decisión vinculada a la quita del subsidio”, aclarando que la medida corresponde exclusivamente al Gobierno provincial.
Asimismo, Henriques Sanches alertó sobre las posibles consecuencias urbanas y ambientales que podría provocar la medida, al señalar que “la migración hacia zonas que el Gobierno provincial deja liberadas puede derivar en nuevas ocupaciones irregulares”, con el consecuente impacto sobre el ordenamiento territorial y el ambiente.
La secretaria confirmó además que desde el Municipio se solicitó formalmente información y documentación al Ministerio de Obras Públicas y al Ministerio de Economía de la Provincia para conocer los fundamentos técnicos, sociales y económicos que respaldan la decisión de quitar o reducir el subsidio al gas envasado.
Finalmente, indicó que “una medida de estas características requiere planificación, información precisa y articulación institucional para evitar que las consecuencias terminen afectando a las familias más vulnerables de Ushuaia”.
