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El discurso oficial habla de “transformar la matriz energética”, acompañar el crecimiento urbano y garantizar el abastecimiento futuro.
La propia ministra destacó que antes de iniciar la obra debieron realizarse cuatro meses de compensación de suelo sobre un terreno que funcionaba como cantera. Mientras tanto, la ciudad sigue dependiendo de un sistema energético históricamente cuestionado por su vulnerabilidad, falta de previsión y escasa capacidad de respuesta frente al crecimiento demográfico.
El proyecto contempla diez edificios, nuevas conexiones eléctricas y obras complementarias vinculadas al gasoducto. Sobre el papel, la iniciativa parece ambiciosa. Pero en una provincia donde los anuncios energéticos suelen extenderse durante años entre demoras, sobrecostos y promesas incumplidas, el escepticismo social no aparece injustificado.
La frase “solución definitiva” tampoco pasa inadvertida. En Tierra del Fuego, distintas gestiones políticas han utilizado expresiones similares para anunciar obras estratégicas que luego avanzaron lentamente o quedaron atrapadas en la burocracia y la coyuntura económica.
Además, el anuncio llega en un contexto sensible: mientras el Gobierno habla de modernizar la matriz energética, miles de vecinos enfrentan preocupación por el costo de los servicios, el debate por los subsidios y la incertidumbre sobre el acceso a la calefacción en una de las regiones más frías del país.
La discusión de fondo excede una obra puntual. Ushuaia crece, demanda más energía y exige planificación seria. La pregunta es si esta nueva usina representa verdaderamente una política de Estado pensada a largo plazo o si volverá a convertirse en otro anuncio estructural que tarda años en traducirse en soluciones concretas para la gente.
Porque mientras se hormigonan bases y se proyectan edificios, la sociedad fueguina sigue esperando algo más elemental: un sistema energético confiable, eficiente y capaz de acompañar el desarrollo real de la ciudad más austral del país.
