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En diálogo con el programa Tardes Diferentes por la 94.9 FM Monumental, uno de los vecinos autoconvocados contó que la protesta comenzó cuando varias personas recibieron notificaciones por correo de la oficina de gas informando reducciones en su subsidio. Según los manifestantes, algunos hogares ya sufrieron descuentos y otros solo conservaron una porción mínima (se menciona el dato de “400 kilos” y casos con “240 kilos” en cargas de subsidio), lo que generó alarma social.
En el interior de la Casa de Gobierno, los referentes barriales fueron recibidos por la ministra Castillo durante una breve audiencia. Los manifestantes sostienen que la ministra no vetó el decreto porque “tiene orden del señor gobernador” y que las autoridades hablan de un “reacomodamiento” que se estaría implementando desde 2025 y que, en palabras de los vecinos, posterga soluciones “para más adelante”, justo en plena temporada invernal y cercana a elecciones.
Los referentes reclaman la derogación o, al menos, la suspensión del decreto y las resoluciones que, afirman, perjudican a las familias. “Lo que pedimos nosotros es, en primera instancia, que se derogue el decreto con las resoluciones que ellos, el gobierno, han puesto, por el perjuicio que puede ser para los vecinos”, declaró uno de los portavoces.
Denuncian además restricciones físicas durante la permanencia en la oficina: presencia policial en ventanas, puerta del baño y control extremo que impide el ingreso de alimentos y agua a quienes están adentro. Los manifestantes afirman que les mostraron directivas policiales pero no documentación judicial que justificara esas medidas.
En las conversaciones con funcionarios presentes, los manifestantes aseguran que se reconocieron errores administrativos, pero reclamaron respuestas firmes por escrito. Exigen actas o compromisos firmados que garanticen la continuidad del subsidio para las familias afectadas.
En términos económicos, desde la protesta se puso énfasis en el impacto real en bolsillos familiares: “sin subsidio, ¿cuánto estaría gastando? … 1.170.000” dijo el vecino Facundo al describir un ejemplo del costo mensual de calefacción sin ayuda estatal. También se mencionó que la resolución considera topes de ingresos familiares que dejarían fuera del subsidio a hogares con ingresos del orden de “280.000 pesos” por familia, lo que, según los manifestantes, afectaría incluso a trabajadores públicos como docentes.
Como alternativa planteada por el gobierno, se aludió a la posibilidad de créditos del Banco Tierra del Fuego para cubrir la falta de subsidio, con requisitos que incluyen edad límite y garantes. Los vecinos rechazaron esa opción por impracticable ante la situación económica actual.
Los organizadores insisten en que la movilización es apolítica y surgió por autoconvocatoria vecinal. Piden una ley que asegure la calefacción de los hogares fueguinos y recordaron la particularidad de la región: “No es Córdoba, no es Buenos Aires. La gente no sufre del frío, sino que se muere”, advirtieron.
Los vecinos mantienen la medida y esperan una respuesta firmada que garantice la continuidad del subsidio y la protección de las familias ante el invierno. Reclaman que el gobierno actúe con sensibilidad frente a la emergencia social que, insisten, podría agravarse con las primeras nevadas y bajas temperaturas.
