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El planteo se dio en el marco de un encuentro con vecinos del Valle de Andorra, del que también participaron el ministro de Economía, Alejandro Barrozo, y el viceministro Juan Pablo Rullier. Allí, el Ejecutivo dejó en claro que el esquema actual resulta difícil de sostener sin ajustes, aunque evitó hablar de recortes directos.
“El objetivo es que el subsidio llegue a quienes realmente lo necesitan y no de forma generalizada”, sostuvo Melella.
El Gobierno argumenta que existen “distintas realidades” que deben contemplarse, desde familias sin acceso a la red de gas hasta aquellas que no pueden afrontar el costo de conexión. También desliza que hay casos donde el subsidio no correspondería por nivel de ingresos. El diagnóstico no es nuevo, pero sí lo es el intento de avanzar en una segmentación más fina.
La clave estará en la implementación. El Ejecutivo aseguró que no habrá quitas indiscriminadas, sino evaluaciones caso por caso. Sin embargo, en la práctica, este tipo de procesos suele enfrentar dos desafíos: la capacidad real del Estado para analizar cada situación y el margen político para sostener decisiones que inevitablemente generan tensión.
Otro punto que genera atención es el mecanismo elegido para avanzar: se solicitó a referentes barriales la elaboración de listados de beneficiarios. Si bien puede agilizar la identificación de necesidades, también plantea dudas sobre la transparencia y los criterios de selección en un esquema donde el subsidio representa un alivio económico significativo.
En paralelo, el Gobierno anticipó herramientas para facilitar la conexión a la red de gas, una solución estructural que, de concretarse, podría reducir la dependencia del gas envasado. No obstante, estas obras requieren inversión, planificación y tiempo, tres variables que no siempre coinciden con la urgencia del invierno.
El trasfondo es claro: el sistema actual de subsidios al GLP, tal como funciona, resulta cada vez más difícil de sostener. La Provincia asume una carga financiera mayoritaria mientras intenta corregir distorsiones acumuladas. Pero el “ordenamiento” que hoy se propone también deja en evidencia una falta de ajustes previos que permitieran anticipar este escenario.
En un territorio donde el acceso al gas no es un lujo sino una necesidad básica, cualquier modificación en el esquema de subsidios tiene impacto directo en la vida cotidiana. El desafío del Gobierno será encontrar un equilibrio entre sostenibilidad fiscal y contención social, sin que el proceso termine trasladando el costo del desorden a los sectores más vulnerables.
