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En Ushuaia y con eco en Río Grande, crece la tensión por el reclamo de ex policías del antiguo territorio de Tierra del Fuego que llevan casi un año sin cobrar sus haberes. El conflicto volvió a ocupar la agenda pública luego de la segunda sesión ordinaria de la Legislatura provincial, donde el tema fue expuesto y generó fuertes reproches por parte de los familiares.
María Pérez, familiar de uno de los efectivos, que detalló el estado anímico y económico de quienes esperan una respuesta: “11 meses, casi un año… se nos están cagando en la familia, en las viudas, en los hijos”, denunció en diálogo con El Angelde la Radio por la 94.9 FM Monumental.
Según María, los afectados son jubilados y retirados que aportaron durante más de 32 o 35 años y reclaman el pago de haberes que, afirma, corresponden tanto por aportes a la provincia como por el Ministerio del Interior.
María cuestionó declaraciones del presidente del organismo que, a su juicio, minimizó el derecho de los territoriales al caracterizar lo reclamado como un “ítem” cuando, según ella, se trata de un haber adquirido por años de servicio.
La entrevistada también señaló apoyos puntuales dentro de la Legislatura: mencionó a legisladores como Vuoto, Graciania y Villegas, a quienes valoró por “sacar la cara” por los territoriales.
Tras la sesión, un funcionario —identificado como parte del equipo de Economía— habría dicho que se tomaban “10 días” para presentar un proyecto o propuesta para reformar el régimen previsional y buscar una solución. María dejó claro el reclamo central de los familiares: quieren ser invitados y conocer la propuesta antes de que se impulse cualquier reforma. “Cuando presenten esa... esa solución mágica... queremos ver qué es lo que van a presentar”, afirmó.
Los familiares han difundido al menos dos comunicados, uno de ellos en respuesta a una entrevista del gobernador tras su viaje a Buenos Aires. María puso en duda la comprensión del mandatario sobre el tema y criticó la falta de audiencia: “ya es la tercera vez que le pedimos al gobernador por escrito… y no tenemos respuesta”.
Los reclamantes llamaron a concentrarse nuevamente frente a la delegación de gobierno en Río Grande, avenida San Martín. En la entrevista se mencionan dos horarios distintos para la concentración: “dos y media, como siempre” y, en el cierre, “hoy a las 12:30 del mediodía nuevamente se vuelven a concentrar”. En ausencia de mayor precisión oficial, esa discrepancia queda registrada en la información disponible.
María describió el efecto del retraso en los pagos: dificultades para obtener medicamentos, viudas y familias que no alcanzan siquiera para alimentos básicos y una obra social que se complica. “Se nos está haciendo cada vez más difícil… y me parece que no es justo”, resumió.
El conflicto entre el Estado provincial y los ex territoriales transita una etapa de tensión y desconfianza. Las familias exigen no sólo soluciones económicas inmediatas, sino transparencia y participación en cualquier modificación legal que afecte sus derechos adquiridos. La palabra del gobierno y el contenido del proyecto anunciado en los próximos 10 días serán determinantes para la evolución del reclamo.
“Lo trabajaron y por lo ente lo tienen que cobrar. Nada más”, dijo María Pérez.
