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El intendente de Río Grande, Martín Perez, aportó la mirada de la Patagonia sur; una de las regiones más golpeadas por el actual escenario económico, visibilizando una realidad marcada por la crisis industrial, el fuerte incremento del costo de vida y la sostenida pérdida de empleo.
Durante la jornada, los mandatarios elevaron un requerimiento formal en el que denunciaron el desfinanciamiento de los municipios, el impacto del aumento sostenido del precio de los combustibles y la falta de ejecución de fondos específicos que, por ley, deben destinarse a obras públicas hoy paralizadas en todo el país. En ese marco, exigieron retrotraer el valor de los combustibles al 1° de marzo y reactivar de manera urgente la obra pública nacional interrumpida desde 2023.
Pérez cuestionó el rumbo de las políticas nacionales y advirtió que el ajuste “impacta de lleno en el empleo, la producción y el entramado social de nuestras comunidades”.
El Intendente puso a Río Grande como ejemplo de las consecuencias del actual modelo económico. “El derrumbe industrial que vivimos en Río Grande es dramático. Entre 2023 y 2026 perdimos 5.000 puestos de trabajo industriales directos. Esta caída arrastró al resto de la economía y hoy tenemos 10.000 empleos privados registrados menos en la ciudad”, afirmó.
En esa línea, detalló que la producción industrial fueguina registra una caída interanual de entre el 50% y el 55%, “una cifra sin precedentes que refleja el impacto de la apertura de importaciones y la contracción del consumo interno”.
Pérez también expuso la situación financiera del Municipio, atravesado por la paralización total de la obra pública nacional y la falta de previsibilidad en los recursos. “Estamos gestionando esta crisis con el 100% de la obra pública nacional detenida y con retrasos sistemáticos en la remisión de fondos, lo que condiciona seriamente la planificación urbana”, sostuvo.
Frente a este escenario, el intendente explicó que la gestión local debió redireccionar recursos para sostener la contención social: “Tuvimos que destinar un 25% más del presupuesto a políticas de asistencia social, sanitaria, alimentaria y de transporte para acompañar a las familias que están atravesando esta situación”.
El planteo de Pérez también incorporó una dimensión estratégica vinculada a la soberanía nacional. En ese sentido, cuestionó las recomendaciones de organismos internacionales sobre el régimen de promoción industrial fueguino. “Es alarmante que se considere a la Ley 19.640 como una ‘política fallida’. Se trata de una herramienta que lleva más de 50 años garantizando desarrollo, arraigo y presencia argentina en un territorio estratégico”, remarcó.
Asimismo, expresó su preocupación por decisiones que, según señaló, afectan directamente los intereses nacionales en el Atlántico Sur. Mencionó el retiro de YPF de áreas petroleras en el norte de la isla, el avance del proyecto británico Sea Lion y el debilitamiento de infraestructuras clave como el Puerto de Ushuaia y el Polo Logístico Antártico.
En ese contexto, Perez dejó una definición política de fondo: “Lo que está en juego en Río Grande no es solo la actividad económica, sino la integridad misma del territorio nacional. No podemos permitir que se debilite nuestra presencia en Tierra del Fuego mientras el Reino Unido avanza sobre nuestros recursos”.
El documento presentado por la FAM refleja un diagnóstico compartido por los gobiernos locales: caída de la coparticipación, aumento de costos, desaparición de herramientas de apoyo a la producción y una creciente demanda social que recae, principalmente, sobre los municipios.
Finalmente, el intendente reafirmó la necesidad de construir una agenda común con el Gobierno nacional. “Defender la industria fueguina, el trabajo y el desarrollo de nuestras comunidades es, en definitiva, defender la soberanía argentina”, concluyó.
