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La particularidad del contrato radica en que se trata de la provisión de un solo chofer con vehículo durante un período de 12 meses, lo que equivale a más de $11 millones mensuales. La contratación se realizó sin licitación, bajo la modalidad de contratación directa, lo que alimentó las críticas en torno a la transparencia y la racionalidad del gasto público.
Según se dio a conocer, la prestación prevé traslados interurbanos de hasta 650 kilómetros diarios, con un valor mensual estimado en $5 millones por ese servicio específico, cifra que supera ampliamente el salario bruto de un chofer de transporte público, que ronda los $2,5 millones, según escalas salariales vigentes.
Además, uno de los tramos estipulados en la contratación —como el recorrido ida y vuelta entre Río Grande y Ushuaia— fue valuado en $600.000 por viaje, un monto que para muchos no se ajusta a valores de mercado. Las sospechas aumentan si se tiene en cuenta que el vehículo utilizado sería una Mercedes Benz Sprinter 517, con capacidad para 20 pasajeros, cuyo precio actual ronda los $84 millones.
Con ese cálculo, señalan desde sectores críticos, el Gobierno podría haber adquirido una unidad nueva y cubierto un salario de mercado para el conductor durante un año completo, sin necesidad de desembolsar una suma tan elevada por un servicio tercerizado.
Otro aspecto que generó fuerte rechazo es la fuente de financiamiento: el gasto fue imputado al Fondo Específico de Servicios Sociales del Ministerio de Educación, lo cual genera aún más inquietudes sobre la utilización de fondos públicos en un contexto de crisis fiscal, caída de la coparticipación y ajustes presupuestarios en otras áreas esenciales del Estado provincial.
Tampoco hay detalles claros en los documentos oficiales sobre quiénes serán los destinatarios de los traslados ni con qué finalidad específica se requerirá el servicio.
La adjudicación, realizada sin competencia ni licitación pública, reaviva el debate sobre la eficiencia en el manejo del presupuesto estatal y la necesidad de mayores controles en las contrataciones directas dentro de la administración provincial. En un escenario de creciente malestar social por los recortes y el deterioro de servicios básicos, este tipo de decisiones generan un impacto negativo en la imagen del Gobierno fueguino y colocan nuevamente bajo la lupa el uso de los recursos públicos.
