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Los trabajadores presentaron una nota formal dirigida al gobernador Gustavo Melella, en la que solicitan una audiencia urgente para tratar la ley y expresar sus preocupaciones. En el texto, firmado por más de 50 trabajadores, se sostiene que la medida es "insuficiente" y pone en riesgo la operatividad actual y futura del organismo.
Los trabajadores portuarios argumentan que la ley avasalla la autarquía de la DPP y vulnera un principio básico del funcionamiento del ente: que sus fondos se destinen exclusivamente a su actividad portuaria. También consideran que la decisión genera una "desinversión" directa, trasladando la crisis de un área a otra.
Los trabajadores expresaron su intención de ser parte de una solución consensuada y evitar "ser un problema más a futuro en la administración provincial". El objetivo de la audiencia sería "aclarar, ilustrar y consensuar ayudas ante la crisis que hoy está inmersa la provincia". Sin embargo, hasta el momento, no hubo respuesta oficial por parte del Ejecutivo a la solicitud presentada.
La ley aprobada incluye otras modificaciones, como la creación de nuevas unidades de gestión, un tope del 20% para cargos políticos y la obligación de publicar auditorías periódicas.
La Dirección Provincial de Puertos fue creada bajo normas que le otorgan autonomía administrativa, lo que ha generado preocupación entre los trabajadores portuarios sobre la afectación de dicha figura jurídica.
