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Las diferentes voces escuchadas, expresaron la urgencia de políticas públicas que den soluciones a la problemática y esas miradas, estuvieron atravesadas por la necesidad de recursos. Anunciaron una próxima reunión, a la cual invitarán al Poder Judicial.
“Es de público conocimiento, el estado del sistema penitenciario y la sobrepoblación. La emergencia no solo estará centrada en destinar a la infraestructura sino también a las condiciones laborales de los integrantes del servicio penitenciario”, dijo Gracianía.
Si bien, la reunión fue pautada para analizar el proyecto de Ley que declara la emergencia de la infraestructura de las Unidades de Detención provinciales, el debate generó la exposición de diferentes posturas sobre la compleja coyuntura nacional y provincial.
En el articulado del proyecto, se busca resolver “el déficit del cupo penitenciario y la sobrepoblación en lugares de detención. Lograr que las personas privadas de libertad sean efectivamente sujetas a un tratamiento interdisciplinario de progresividad que le permita adquirir la capacidad de respetar y comprender la Ley”.
Además, el asunto tiene como finalidad que se afronten los “aspectos de construcción; edificación; refuncionalización, mejoramiento y ampliación de la infraestructura edilicia para inmuebles afectados al Servicio Penitenciario relacionados exclusivamente con lugares de detención como pabellones; celdas; sanitarios, espacios educativos de rehabilitación o reinserción”.
Desde la bancada del MPF, Pablo Villegas sostuvo que es necesario coordinar acciones con el Poder Judicial. “La Provincia no ha tenido y no ha sabido aportar recursos para el servicio penitenciario. Hoy los penitenciarios hacen un trabajo con mínimos recursos”, advirtió a sus pares.
También estimó que en el corto plazo, la Provincia tampoco tendrá recursos para afectar al sistema carcelario: “Es necesario buscar otras soluciones, con modelos que se han aplicado en otros países y que el canon que perciban los privados, tal como se propone en el proyecto, no sea un negocio”, observó.
Por su parte, María Victoria Vuoto (PJ) expresó que se debe trabajar en la prevención del delito. “Me niego a pensar que no podemos trabajar en reducir los índices de criminalidad, sobre todo en aquellos que tienen que ver con los vínculos interpersonales: violencia de género, sexual, lesiones y homicidios”.
La referente del PJ, instó a trabajar en una mesa de la cual participe el Poder Judicial con un enfoque de políticas públicas, no sólo pensadas en la infraestructura. “El debate coyuntural nos tiene que llevar al debate profundo”, aseveró.
En otro momento, el viceministro de Coordinación de Gabinete, lic. Jorge Canals dijo que se trata de una problemática que afecta a todo el país. “Porque tiene que ver con cuestiones vinculadas a los recursos. Hay una emergencia nacional, que se prorrogó hace dos meses”, reconoció.
“Creo que la Ley de emergencia es necesaria”, sostuvo el funcionario de la administración central. Adelantó que en cuanto a soluciones a corto plazo, se pondrán en marcha dos nuevo anexos que sumarán 70 nuevos espacios. En tanto, brindó detalles sobre las acciones que vienen efectuando para poner en funciones los espacios.
De la reunión de la Comisión de Justicia Nº 6 participaron las legisladoras: María Victoria Vuoto (PJ) y Gisela Dos Santos (SF) y María Laura Colazo (PV); y los legisladores Jorge Lechman y Raúl Von Der Thusen (SF); Pablo Villegas (MPF); Federico Sciurano (FORJA).
