Por mayoría concejales de Ushuaia mandaron a archivo proyecto de habilitación de UBER y otras plataformas digitales

La moción, impulsada por el concejal Ricardo Garramuño, fijaba “autorizar en el ejido municipal la prestación de servicio de transporte de pasajeros a través de empresas de redes de transporte”, que a su vez permitía que las restantes empresas ya habilitadas prestadoras del servicio público o privado “puedan también brindar servicio a través de las mismas” plataformas.

La decisión que tomó el Cuerpo legislativo por mayoría de 4 a 2, con la negativa del concejal Garramuño y la concejal Mariana Oviedo, fue celebrada por taxistas y referentes de la Asociación de Propietarios de Taxis de Ushuaia, quienes se habían hecho presentes para participar de la discusión.

En relación a esto, los trabajadores del volante mantuvieron una medida de protesta frente al edificio legislativo de Gobernador Paz y Piedrabuena, que se descomprimió una vez visto favorable el rechazo a este proyecto de ordenanza que “atentaba contra la fuente de trabajo”, como resaltaron desde el sector.

Al finalizar el tratamiento de un paquete de asuntos relacionados con este servicio, Fabián Lara, Presidente de la Asociación de Propietarios de Taxis, agradeció en el uso de la palabra al Cuerpo legislativo por estar siempre a disposición y a quienes acompañaron con su voto en defensa de los trabajadores.

Lara aprovechó para reclamar por los controles y mayor cantidad de unidades ya que reconoció que el servicio "a veces se ve desbordado", a causa del aumento de la demanda. 

ACTUALIZACIÓN DE TARIFA, Y FLEXIBILIZACIÓN DE EXIGENCIAS PARA LOS VEHÍCULOS AFECTADOS AL SERVICIO
 
Con la intención de acompañar la situación económica reinante en el país, el Concejo Deliberante acompañó una serie de actualizaciones en la normativa que regula el servicio. Uno de los temas fue la modificación del artículo 22 de la Ordenanza Municipal N°5885, que lleva a 10 años la antigüedad que habilita a un vehículo a ser afectado al servicio de taxis y remises.

Si bien el proyecto original que llevaba la firma del Intendente municipal establecía una antigüedad máxima de 7 años, por solicitud del concejal Javier Branca acordaron fijarlo en 10.

Además, por unanimidad se aprobó lo resuelto en la última Asamblea Tarifaria sobre la actualización del valor de la ficha y la bajada de bandera.

La nueva disposición lleva los valores de $24 a $40, y de $500 a $750, respectivamente. En el mismo sentido, y con la intención de aplicar aumentos progresivos y no abruptos se estableció en la normativa la posibilidad de generar hasta cuatro actualizaciones anuales con la finalidad de lograr mantener un valor adecuado de la bajada de bandera y ficha, "acompañando los cambios económicos y evitando impactar de forma directa" en el bolsillo de los vecinos, y poder hacerlo de manera "progresiva y escalonada".