Dicho accionar tuvo lugar luego de la misiva enviada desde el Gobierno Provincial hacia el Jefe de Gabinete, Agustín Rossi, consensuada con los Centros de Veteranos de Guerra de las ciudades de Río Grande y Ushuaia, y atento al análisis de situación realizado por el Ministerio de Defensa, el cual identificaba que dicha instalación vulneraba la seguridad nacional.

Tras la notificación, el Mandatario provincial instruyó a su gabinete a proceder consecuentemente con lo dispuesto por los ministerios nacionales.

Ante ello, el Secretario de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales Lic. Andrés Dachary enfatizó la importancia de esta medida, expresando además que “esta situación debe constituir una oportunidad para el análisis y rediseño de la normativa vigente, tanto a nivel nacional como provincial”, sosteniendo además que “las reglamentaciones actuales que han permitido este tipo de desarrollo deben ser repensadas, y en particular los marcos normativos que regulan la relación con el Reino Unido, como lo son los denominados Acuerdos de Madrid I y II, el Acuerdo de Nueva York de 1995 que cuenta con aprobación del Congreso y la Ley Nacional N° 24.184 vigente desde el año 1992", la cual instituye el "Convenio suscripto con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para la Promoción y la Protección de Inversiones", otorgándole beneficios económicos a empresas del Estado que usurpa parte de nuestro territorio”.

Por su parte la Ministra de Producción y Ambiente, Sonia Castiglione, sostuvo al respecto que “desde el punto de vista ambiental, la aprobación de la guía de aviso de proyecto estaba supeditada a la aprobación y habilitación por parte de los organismos nacionales correspondientes. Al tener esta notificación por la que concretamente no es admisible el proyecto, se revocará dicha aprobación y se solicitará se presente el plan de desarme”.