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Los Legisladores lograron el consenso de todos los sectores involucrados en la temática, donde además, en el camino, se encontraron voces que no estaban de acuerdo con algunos aspectos de la norma, pero sí en su espíritu.
La norma, sancionada en enero a nivel nacional, establece la capacitación obligatoria en temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos los poderes y todas las jerarquías.
En este sentido, la presidente de la Comisión de Salud Pública (Nº 5), Liliana Martínez Allende, resaltó la importancia de esta herramienta, ya que “un portero de una escuela puede alertar sobre una posible situación, si está capacitado. No necesita ser un profesional o cumplir otro tipo de rol, la cuestión de género y violencia nos atraviesa a todos y es una cuestión social donde todos debemos estar preparados”, detalló.
“La adhesión a la Ley era una deuda pendiente con la sociedad, somos la última provincia que la aprueba. La trabajamos durante todo el año en el ámbito de la Comisión y se realizaron muchísimos aportes desde la comunidad y desde los Legisladores”.
Martínez Allende contó que se había obtenido en principio dictamen favorable tras su tratamiento en la comisión Nº 1 de Legislación General, donde se hicieron los aportes y modificaciones y “finalmente logramos la adhesión por once votos”, celebró.
