Trabajadora del 911 de Ushuaia denuncia abandono, falta de capacitación y ausencia de autoridades

Una trabajadora del Sistema de Emergencias 911 de Ushuaia, denunció públicamente las faltas de respuestas, capacitación y contacto con las autoridades del Gobierno Provincial de Gustavo Melella. La mujer aseguró que los agentes prácticamente no tienen relación con el secretario de Protección Civil, Pedro Franco, y cuestionó que la reciente reorganización de las líneas 107 y 911 les habría sido comunicada únicamente mediante una resolución. “Nadie pone la cara, es un desastre”, afirmó.
23/09/2026informatetdfinformatetdf
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Claudia Alarcón, Técnica en Emergencias y trabajadora del 911 de Ushuaia, expresó su enojo ante lo que describió como una prolongada falta de respuestas del Gobierno provincial a diferentes reclamos de los trabajadores. Uno de los cuestionamientos estuvo dirigido al secretario de Protección Civil de la Provincia, Pedro Franco.

Alarcón aseguró que los trabajadores no mantienen reuniones con el funcionario y tampoco tendrían contacto habitual con él cuando se traslada desde Río Grande, ciudad donde reside, hasta Ushuaia. “No conocemos su voz ni su cara”, lanzó la trabajadora en diálogo con El Angel de la Radio por la 94.9 FM Monumental.

La profesional relató que incluso decidió concurrir personalmente a Casa de Gobierno intentando localizar al funcionario y obtener respuestas. “Fui a Casa de Gobierno a buscarlo y dicen que está en reuniones o en Río Grande. Es una vergüenza”, manifestó.

La denuncia avanzó sobre otro aspecto particularmente sensible para un servicio encargado de recibir y canalizar emergencias: la capacitación de sus operadores. Según Alarcón, los trabajadores no estarían recibiendo una preparación suficiente por parte de las autoridades para afrontar determinados procedimientos y modificaciones operativas. “Te dicen: ‘tenés que hacer esto’ y listo”, describió.

El planteo se dio además teniendo en cuenta que quienes atienden una comunicación al 911 constituyen uno de los primeros contactos ante accidentes, hechos de inseguridad, incendios y otras situaciones que requieren respuestas inmediatas. La situación cobró mayor relevancia en los últimos días a partir de la reorganización dispuesta por el Gobierno provincial para las líneas de emergencia.

Con el nuevo esquema, el 107 quedó destinado a la atención de urgencias y emergencias sanitarias, mientras que el 911 continúa funcionando como canal para situaciones relacionadas con seguridad y otras emergencias.

Alarcón cuestionó especialmente la forma en que, según su testimonio, esa modificación fue informada a quienes trabajan diariamente con el sistema. “Nadie nos dijo nada, solo llegó una resolución y listo. Nadie pone la cara, es un desastre”, afirmó.

De acuerdo con su relato, el reclamo no apunta únicamente a conocer una nueva disposición administrativa, sino a recibir explicaciones y capacitación sobre los procedimientos que deberán aplicar los operadores ante las diferentes situaciones que ingresen a partir de la reorganización.

La denuncia de Alarcón no aparece como un hecho aislado, ya que el 16 de marzo de 2026, trabajadores del Sistema de Emergencias 911 y Protección Civil difundieron una carta abierta dirigida al Gobernador y a integrantes de la Legislatura provincial exponiendo diferentes problemas operativos y laborales.

En aquel documento denunciaron falta de personal y sobrecarga laboral en el 911 de Ushuaia, además de reclamos relacionados con salarios, pago de guardias, infraestructura y ausencia de autoridades en los lugares de trabajo.

También expusieron las condiciones del destacamento de Lago Escondido, donde aseguraron que trabajadores debían afrontar guardias de 24 horas sin suministro de gas, calentando agua mediante garrafas y utilizando baldes para poder higienizarse.

A pesar de esas condiciones, el personal manifestó entonces que no realizaría medidas de fuerza que implicaran interrumpir un servicio considerado esencial para la comunidad. Entre sus pedidos figuraba justamente que las autoridades provinciales recorrieran los destacamentos, dialogaran personalmente con los trabajadores y conocieran las condiciones en las que desarrollaban sus tareas.

Seis meses después de aquella carta abierta, Alarcón volvió a llevar públicamente esos reclamos a los medios. La trabajadora manifestó además que no descarta acudir a la Justicia para resguardar su puesto laboral ante una eventual situación en la que considere que la falta de capacitación, directivas o gestión pueda terminar generándole responsabilidades por su actuación durante una emergencia.

Su testimonio vuelve a colocar la discusión sobre un punto especialmente delicado: las condiciones en las que trabajan quienes tienen la responsabilidad de recibir una llamada cuando una persona necesita asistencia inmediata.

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