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Labroca explicó que la Resolución 40/2026 establece que el Estado nacional continuará financiando el beneficio del 55 por ciento únicamente sobre la tarifa vigente al 30 de junio de este año. De esta manera, cada vez que aumente el valor del boleto, la diferencia ya no será cubierta por Nación y deberá ser absorbida por las provincias o los municipios.
"El Gobierno nacional decidió congelar el aporte que realiza para la tarifa social. Va a seguir pagando el beneficio, pero calculado sobre la tarifa de junio. Cada vez que aumente el boleto, esa diferencia deberá ser afrontada por las provincias o, en nuestro caso, por el Municipio", afirmó.
El titular de UISE remarcó que la medida impacta directamente sobre los sectores que más necesitan del transporte público para desarrollar su vida cotidiana. La tarifa social alcanza a jubilados y pensionados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo, personal de casas particulares, veteranos de la Guerra de Malvinas, monotributistas sociales, personas que perciben prestaciones por desempleo y otros programas sociales nacionales.
"Estamos hablando de personas que utilizan el colectivo para ir a un hospital, a una escuela, a realizar un trámite o simplemente para poder desarrollar su vida diaria. Es un beneficio que protege a quienes tienen menores ingresos y hoy esa responsabilidad comienza a trasladarse a los gobiernos locales", sostuvo.
Labroca señaló además que la decisión se produce en un contexto de fuertes incrementos de los costos operativos del transporte, especialmente en combustible y salarios, que representan más del 60 por ciento de la estructura de costos del servicio.
"El transporte público atraviesa una situación muy delicada en todo el país. Se están cerrando líneas, reduciendo frecuencias y restringiendo servicios porque los costos siguen aumentando mientras disminuye el acompañamiento del Estado nacional", indicó.
En ese sentido, destacó que Ushuaia puede sostener el servicio gracias al esfuerzo económico del Municipio y al esquema de financiamiento de UISE.
"Si la empresa no contara con otras unidades de negocio que generan recursos, el Municipio debería destinar alrededor de 8.000 millones de pesos al año para mantener funcionando el transporte público. Hoy ese esfuerzo se reduce gracias a esos ingresos complementarios, pero las decisiones nacionales trasladan cada vez más responsabilidades a los gobiernos locales", explicó.
Finalmente, Labroca advirtió que "cuando la Nación congela el financiamiento de la tarifa social, el costo no desaparece: alguien tiene que asumirlo. Si no lo hace el Estado nacional, termina recayendo sobre los municipios, que son quienes garantizan que el transporte siga funcionando y que los vecinos puedan seguir accediendo a un servicio esencial".
