El radar británico sigue operativo en Tierra del Fuego y la comisión investigadora apunta a los responsables políticos

La Comisión Investigadora creada bajo el artículo 106 de la Constitución fueguina avanza en la recopilación de pruebas sobre la instalación de un radar militar británico-estadounidense a solo tres kilómetros de Tolhuin. Pese a la reciente sentencia de primera instancia que anuló la inscripción de la empresa LeoLab, el dispositivo continúa funcionando porque la compañía apeló el fallo el mismo día, por lo que la disolución aún no es efectiva.
02/07/2026informatetdfinformatetdf
Radar Tolhuin

El investigador Luciano Moreno Calderón, autor de Crónica de un radar británico en Tierra del Fuego y presente en las audiencias públicas, advirtió que “una cosa es la disolución formal de una empresa y otra cosa es el funcionamiento del radar. Si el radar no está desmantelado, sigue haciendo lo que tiene que hacer”. Explicó que, incluso desenergizado, el radar puede operar en etapa pasiva y resulta "inauditable", por lo que sólo su remoción garantizaría que cese la actividad.

La comisión, presidida por Pablo Villegas y con Matías Lapadula como secretario, ya escuchó al juez que dictó la nulidad y recibió 5.000 fojas de documentación. Además, se incorporó formalmente la investigación de Moreno Calderón, que incluye 181 páginas de pruebas, 428 páginas de comunicaciones oficiales del Ejecutivo provincial y las 10.000 firmas de veteranos de Malvinas que exigieron la creación de este órgano.

Moreno Calderón calificó de “complaciente y tardía” a la Inspección General de Justicia, que otorgó los permisos a LeoLab en 2022 y recién pidió la disolución en agosto de 2024, "un año después" del requerimiento de la Legislatura.

 La próxima fase incluirá interpelaciones a funcionarios actuales y pasados: se espera la citación del secretario de Malvinas, Andrés Dachari —a quien acusan de haber mentido en una sesión reservada anterior—, de la exministra de Desarrollo Sustentable, Castiglione, y de ex autoridades nacionales como el vicepresidente del ENACOM, Gustavo López, o el exjefe de Gabinete Manzur.

El objetivo central no es solo un dictamen político: la comisión busca reunir "toda la carga probatoria" para fortalecer las denuncias penales y civiles, y eventualmente señalar a los responsables de “traición a la patria”, impidiéndoles ocupar cargos públicos en el futuro. Con un plazo de 90 días prorrogables, las próximas reuniones —que podrían ser públicas o reservadas— definirán si se logra exponer las responsabilidades por acción u omisión que permitieron que un dispositivo militar de una potencia usurpadora opere en el corazón de la isla.

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