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El funcionario provincial utilizó un tono cargado de acusaciones y descalificaciones que generó fuertes repercusiones en distintos sectores políticos y judiciales de la provincia, profundizando además el perfil confrontativo que viene mostrando el oficialismo en las últimas semanas.
El eje de la controversia gira en torno al veto impulsado por el Ejecutivo que dejó sin efecto la derogación de la Ley Provincial N° 1529, una decisión que abrió un nuevo capítulo en la disputa institucional vinculada al proceso de reforma constitucional.
Durante la entrevista, Canals sostuvo que “en ese veto uno entiende que se zanjaron las inquietudes que podía llegar a tener el Juzgado Electoral”, aunque inmediatamente cuestionó con dureza la intervención de la Justicia en el conflicto.
“Nos parece descabellado que la Justicia Electoral haya ido a la Fiscalía”, expresó el jefe de Gabinete, quien además calificó de “alarmante” la situación y aseguró que determinadas acciones buscaron “ralentizar y poner palos en las ruedas” al proceso impulsado por el Gobierno.
Las críticas del funcionario no se limitaron al ámbito judicial. También apuntó directamente contra la Asociación de Magistrados, organismo al que acusó de “apretar al Gobierno”, además de minimizar su rol institucional al compararlo con “el sindicato de taxistas”.
Sin embargo, uno de los momentos de mayor repercusión se produjo cuando Canals fue consultado sobre la posibilidad de un triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones a convencionales constituyentes previstas para el próximo 9 de agosto.
Ante esa consulta, el funcionario respondió con una frase vulgar que rápidamente generó rechazo y fuertes críticas en distintos ámbitos políticos: “los cagones no hacen historia”.
Las expresiones del jefe de Gabinete volvieron a encender el debate sobre el nivel del discurso público dentro del Ejecutivo provincial y sobre la creciente tensión institucional que atraviesa Tierra del Fuego en torno al proceso de reforma constitucional.
Mientras el conflicto continúa escalando entre el Gobierno, sectores políticos opositores y actores judiciales, las declaraciones de uno de los principales funcionarios de la provincia dejaron expuesta una fuerte crispación política y una preocupante degradación del debate institucional en un contexto de máxima sensibilidad política.
