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El mensaje oficial, difundido para informar la entrega de módulos alimentarios prevista para este sábado en el gimnasio de la Escuela N.º 16, incluyó una advertencia que no pasó desapercibida: “En caso de faltarle el respeto al agente que realice la entrega, quedará suspendido/a para futuras entregas”.
La frase abrió un fuerte debate sobre el tono utilizado por el Estado hacia personas en situación de vulnerabilidad y particularmente hacia beneficiarios del área de discapacidad.
Distintos sectores cuestionaron que el foco del comunicado no estuviera puesto únicamente en garantizar el acceso alimentario, sino en establecer una posible sanción que podría afectar directamente a personas que dependen de esa asistencia.
La polémica creció además por el contexto social y económico que atraviesa la provincia, donde muchas familias dependen de módulos alimentarios para cubrir necesidades básicas. En ese marco, hubo críticas al lenguaje considerado “intimidante” o “amenazante” utilizado en una comunicación oficial.
“La asistencia social no puede manejarse desde la lógica del castigo”, señalaron algunos beneficiarios tras viralizarse el comunicado.
Otros plantearon preocupación por la ambigüedad del criterio de “falta de respeto”, preguntándose quién define esa situación y bajo qué mecanismo podría decidirse la suspensión de una ayuda estatal destinada a personas con discapacidad.
El comunicado también establece que la entrega se realizará en un único día y únicamente al titular o personas autorizadas, debiendo presentar DNI correspondiente.
Hasta el momento, desde el Gobierno provincial no hubo aclaraciones oficiales sobre el alcance de la advertencia ni sobre cómo se aplicaría una eventual suspensión de futuras entregas.
La situación volvió a poner en discusión el modo en que el Estado comunica políticas de asistencia social y el delicado equilibrio entre el orden operativo y el respeto hacia sectores vulnerables que recurren a la ayuda pública en un contexto de creciente crisis económica.
