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La designación de Gustavo Andrés García al frente del organismo, en reemplazo de Mariana Hruby, y la incorporación del doctor Jorge Antonio Giménez como vocal, marcan una renovación parcial en un momento crítico. Desde el Ejecutivo se habla de “reordenamiento” y “sostenibilidad”, términos que se repiten en cada relanzamiento, pero que hasta ahora no lograron traducirse en estabilidad real para el sistema.
El diagnóstico oficial reconoce, aunque sin demasiada profundidad, un escenario de dificultades financieras históricas. Lo que no se explicita es por qué, si esos problemas son estructurales y conocidos desde hace años, las medidas llegan nuevamente bajo la lógica de la urgencia. La revisión de la planta política, el relevamiento de deuda y la renegociación con prestadores aparecen como decisiones necesarias, pero también como señales de que el desorden acumulado alcanzó un punto difícil de sostener.
Uno de los ejes centrales será determinar la deuda con prestadores al 31 de marzo de 2026. Un dato que, lejos de ser técnico, es político: sin una cifra clara y consensuada, cualquier intento de normalización carece de credibilidad.
El establecimiento de topes presupuestarios por prestador y los acuerdos por monto fijo buscan ordenar el gasto y evitar desvíos. Sin embargo, en sistemas de salud tensionados, este tipo de herramientas suele derivar en un riesgo evidente: la restricción indirecta del acceso o la calidad de la atención. La intención de “ordenar la demanda” mediante protocolos y auditorías puede ser leída tanto como una mejora en la eficiencia como un mecanismo de contención frente a la falta de recursos.
En paralelo, el Gobierno apuesta a negociar directamente con la industria farmacéutica y avanzar en compras propias para sectores vulnerables. La iniciativa, en principio positiva, vuelve a depender de un factor clave: la capacidad de gestión. Sin estructura sólida y controles efectivos, estos esquemas suelen quedar a mitad de camino entre la intención y la ejecución.
El fortalecimiento de la auditoría y el recupero de gastos frente a terceros completan un paquete que apunta a cerrar filtraciones del sistema.
El trasfondo de todas estas medidas es evidente: la OSEF no enfrenta una crisis coyuntural, sino un deterioro sostenido que ahora obliga a decisiones más duras. La reducción de la planta política y la reorganización interna pueden ser pasos en la dirección correcta, pero también funcionan como reconocimiento implícito de un esquema previo sobredimensionado o ineficiente.
En este contexto, el desafío de la nueva conducción no será anunciar cambios, sino ejecutarlos en un escenario donde la confianza ya está erosionada. Los afiliados no esperan diagnósticos ni promesas de ordenamiento: esperan prestaciones garantizadas, tiempos de respuesta razonables y previsibilidad en un sistema que, hoy, no logra ofrecer ninguna de esas certezas de manera consistente.
El Gobierno presenta este proceso como una etapa de transición hacia una obra social más eficiente y sostenible. La experiencia reciente, sin embargo, obliga a una lectura más cauta: la sostenibilidad no se construye con relanzamientos periódicos, sino con resultados concretos.
La OSEF vuelve a estar en fase de reorganización. La diferencia, esta vez, es que el margen para fallar parece mucho más estrecho.
