Denunciaron un presunto desvío de más de $118 millones en la ANSES del gobierno de Alberto Fernández

La auditoría se realizó sobre el Fondo de Afectación Específica para la Recuperación y el Desarrollo Argentino (FAE), según publicó TN.

Los fondos que habrían sido desviados “ascienden a la suma de 118.625.555,22 pesos, que actualizados a valor presente por IPC desde el momento de cada desembolso harían un total de aproximadamente 423.451.935,45 pesos”, señala un documento difundido por el organismo.

En la información aportada por la ANSES, se establece que “la denuncia involucra, al menos 22 hechos ocurridos durante la gestión de María Fernanda Raverta, que podrían quedar encuadrados en los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación a la Administración Pública y malversación de fondos públicos”.

“Tales conductas constituirían actos de corrupción en los términos establecidos por la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA, al que nuestro país está adherido, ya que denotarían una administración injustificada, que habría ocasionado, a priori, un perjuicio patrimonial a ANSES y al FAE”, indicaron en la denuncia.

De los Heros remarcó que trabajan “de manera coordinada con el Ministerio de Capital Humano en la revisión y auditoría de todas aquellas actuaciones administrativas que han comprometido fondos públicos durante anteriores gestiones”.

“En ese proceso, hemos encontrado varias irregularidades o inconsistencias y hemos realizado las correspondientes denuncias en cumplimiento de nuestros deberes como funcionarios públicos. No podemos ni debemos tolerar que el dinero de los argentinos, y en especial de nuestros jubilados, sea utilizado con fines políticos. Es mandato del presidente, Javier Milei, llevar a la justicia cada situación de posible corrupción que encontremos”, apuntó el funcionario.

De acuerdo a la denuncia, los activos del FAE no habrían tenido como destino proyectos productivos conforme establece la Ley N° 27.574. Tampoco se habría respetado lo previsto en cuanto a dónde invertir esos fondos, ni los principios de seguridad y rentabilidad que deben primar en toda inversión. De las conclusiones de la auditoría realizada, surge que las inversiones se habrían realizado arbitrariamente.

La presentación también enumeró como irregularidades a “la falta de inclusión de instancias de control, de dictamen jurídico previo, de documentación que respalde las solicitudes de afectación de fondos, discrepancias entre importes rendidos y lo desembolsado, documentación relevante no incluida en los expedientes, de rendiciones de cuentas, de inspecciones en los proyectos relacionados con obras, inconsistencias en la tramitación de expedientes de solicitudes de financiamiento y falencias relativas a la contabilidad, entre otras”.